* En Ecuador suspenden publicidad oficial
** Quieren amordazar a los medios
La discordia entre el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y los medios de comunicación radica en gran parte en las ambiciones caudillistas de éste, que pretende que la prensa se convierta en órgano de propaganda de su gestión. Por temperamento es intolerante a la crítica y le disgusta que los medios, así sean objetivos e imparciales, le dediquen espacio a lo que no están de acuerdo con decisiones oficiales. Pareciera que Correa es adicto a los tiempos del estalinismo, en los cuales el pensamiento oficial que se reputaba a sí mismo como científico exaltaba al Jefe de Estado, según los dictados del entonces Partido Comunista en el poder y con un sistema político totalitario.
Lo que pasa es que Ecuador aún se rige por normas democráticas, pese a que el gobernante clausuró el Legislativo, convocó a una Asamblea Constitucional y ha influido de manera decisiva en los nombramientos de magistrados y jueces. Poderosa influencia del Gobierno que se practica de manera desvergonzada sobre las otras ramas del Poder Público que debilita la democracia, como sostienen observadores imparciales de la situación política del vecino país. Y no es el único gobernante de Hispanoamérica con tales pretensiones, entre sus colegas de izquierda, como Cristina Fernández, Hugo Chávez y Evo Morales, entre otros, son acusados de atentar contra la libertad de expresión.
Las empresas que tienen grandes medios de comunicación se convierten en blanco de gobiernos a los que no les satisface la libertad de expresión; esos nuevos dirigentes entienden el ejercicio del poder como el derecho de acallar al otro, de someter a los que disienten, silenciar a los que opinan distinto. No les importa que con eso estén violando de manera flagrante los derechos humanos, que entre los más importantes consagra la libre expresión. Pretenden, como en las utopías que se escribían en la Edad Media, que la opinión sea homogénea y no exista otra verdad que la oficial. La señora Fernández se ha enzarzado en virulenta campaña contra los propietarios de Clarín, en la que ha utilizado toda suerte de recursos y quiso enjuiciar a la señora Ernestina Herrera de Noble, su propietaria, de manera injusta, a sabiendas de su inocencia. Lo que pasa es que buscan no solamente acallar a los medios de comunicación independientes, sino desacreditar a sus propietarios. Y en el caso de Ecuador, el Gobierno asume que los dueños de medios, tan solo por esa razón son culpables de no exaltar la obra de gobierno, de no callar frente a los escándalos de corrupción, de defender los restos de la democracia y que prospere el afán oficial de manipular la opinión pública a todo trance.
El combate no siempre se da con ataques a mansalva contra los periodistas, juicios amañados, persecuciones orquestadas por los servicios secretos del régimen, arbitrariedades de toda laya, detenciones preventivas contra redactores, campañas de descrédito e insultos en los medios oficiales, se intenta acallarlos por la asfixia económica. Es así como Radio Caracas en Venezuela, después de numerosos y premeditados atropellos oficiales, multas, detenciones y allanamientos, terminó silenciada. Con Globovisión se ha emprendido una campaña similar, en la cual por cualquier motivo se multa a la empresa, que ha debido recurrir a recolectas públicas para pagar la prolongación de su existencia. Lo mismo ocurre en Ecuador, donde el presidente Correa demanda a El Universo, penalmente a sus directivos y civilmente por varios millones de dólares, más que el propio capital de la empresa, para que se derrumbara. Otros dueños de medios, que participan en el sector financiero han sido embargados y éstos pasan a poder del monopolio oficial de propaganda favorable. Lo que convierte al Estado en el más poderoso propietario por la fuerza de medios de comunicación.
Estos antecedentes por someter y monopolizar a los medios no satisfacen el ego del gobierno, así que pretende ahora que en un sistema democrático y de libre empresa como es el de los negocios de prensa escrita, radial y televisiva, los medios de comunicación no reciban propaganda oficial. Lo que es un exabrupto como el de negarles el derecho al voto en democracia a los que no sean áulicos del régimen. La manera como procede el gobierno de Rafael Corea es caprichosa, sostiene que como éstos son mercantilistas, se les debe cancelar la propaganda oficial, sin atender los riesgos que corren los empresarios, ni que los impuestos los pagan todos los ecuatorianos, por lo tanto esos dineros públicos que se destinan a la información se deben dar sin restricción a los medios que cumplen profesionalmente sus obligaciones. So pretexto de acallarlos o individuos en el mañana con esa misma mentalidad arbitraria podrían negar los servicios públicos a los que no son amigos del gobierno y cometer toda suerte de iniquidades contra la sociedad.