* Colombia salvó un escollo
* La animadversión de Nicaragua
Aunque no se trataba del tema de la demanda nicaragüense, es buenos saber que la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en su fallo de ayer, se mantuvo en el dictamen inamovible de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con sus islotes y cayos, hacen parte integral e indiscutible de la soberanía colombiana. Como es bien sabido, al comienzo Nicaragua pretendía exactamente lo contrario, alegando que era su territorio, argumento que fue negado por la Corte en 2012.
De hecho, un punto relevante de la última sentencia es la reiteración de que el Archipiélago así constituido conforma un todo indivisible, con sus derechos y protocolos marítimos, y sus millas náuticas correspondientes y demás funciones patrimoniales, incluidas la preservación y amparo de los bienes culturales y arqueológicos por parte de Colombia. Y, por lo tanto, cualquier pretensión en contrario sería temeraria y completamente nula de toda nulidad frente a la autoridad colombiana en la Zona Contigua Integral.
Por otro lado, la Corte se abstuvo de condenar a Colombia, como era la pretensión esencial de Nicaragua por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Caribe. Y tampoco dijo que nuestro país hubiera violado el fallo de 2012, cuando se le otorgó a esa nación alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados de mar. En todo caso, sí llamó la atención sobre algunos aspectos puntuales en cuanto al manejo que debe tener nuestro en esa zona específica, para lo cual solo bastan los ajustes respectivos que no encarnan materia grave.
En ese sentido, si bien la Corte limitó ciertas labores que se venían adelantado para la preservación del medio ambiente en el área, ratificó asimismo los derechos colombianos para que la Armada Nacional y la Fuerza Aérea mantengan incólumes sus acciones contra la delincuencia organizada y sigan bloqueando las rutas marítimas del tráfico de drogas ilícitas acorde con el derecho internacional. De esta forma, la Corte desestimó la tesis nicaragüense según la cual con esas actividades Colombia pretendía esgrimir la fuerza y producir amenazas sobre su soberanía. Inclusive, en el fallo se ordenó a Nicaragua derogar el decreto por medio del que pretendían definir los puntos y líneas de base para delimitar el mar territorial, y no escatimó censura al respecto.
De igual manera, tema fundamental fue el reconocimiento de los raízales sanandresanos y los derechos de pesca que por tal razón y como colombianos les asisten. En esa vía, resultó de primer orden la intervención que, a instancias del gobierno, pudieron llevar a cabo los isleños ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas. Es claro que los raizales y habitantes del Archipiélago podrán entonces navegar libremente para llegar a los bancos de pesca en aguas nacionales y los nicaragüenses no podrán impedir su tránsito.
En suma, el núcleo de las pretensiones nicaragüenses en la demanda no fue acogido por la Corte, aunque, como se dijo, se solicitaron ajustes en ciertos aspectos. Se mantiene, por ende, la propuesta colombiana central de acuerdo con la cual el procedimiento constitucional atinente consiste en que el régimen limítrofe solo puede ser modificado mediante tratados ratificados por el Congreso de la República (elemento sustancial no controvertido por la Corte). Esto no ha sido posible por la resistencia de Nicaragua a entablar conversaciones directas, con el fin de lograr un convenio bilateral luego del fallo de 2012, refugiándose permanentemente en una conducta contenciosa y manteniendo una animadversión constante con los gobiernos colombianos a partir de la tenaza que sobre nuestra nación pretende ejercer con su aliado dictatorial en Venezuela.
Es muy posible también que Nicaragua -a pesar de que la sentencia de ayer dio por terminado el pleito- guarde todavía una esperanza de revocar el fallo de la Corte de 2012, en el que se ratificó el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 por medio del cual se le dio plena soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés a Colombia. Y por eso recurre a todo tipo de lamentaciones, propalando la tesis de que un pequeño pobre país ha sido agobiado por la prepotencia de uno grande. Nada más falso.
En efecto, por su propia voluntad Colombia le entregó hace más de un siglo a Nicaragua el área de la costa misquita (hoy parte considerable de su territorio) pero los gobiernos sandinistas se dedicaron en los últimos lustros a entablar demandas exorbitantes y por fuera del derecho internacional. Queda pendiente el litigio sobre la plataforma continental extendida. Por lo pronto, y frente al fallo de ayer, los intereses colombianos quedaron preservados.