*Las declaraciones de Nicolás Petro
*Campaña presidencial en entredicho
Tan pronto el fiscal del caso de Nicolás Petro anunció esta semana, en la audiencia de trámite sobre imposición de medidas de cautelares, que el acusado había decidido colaborar espontáneamente con la justicia, se sacudieron las simientes del Gobierno y el país entró en conmoción política. Esto porque el sindicado confesó a la Fiscalía, en adición a los delitos imputados, haber fondeado y llevado a cabo las actividades de la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro, en Atlántico, con una porción sustancial de esos multimillonarios recursos que lo tienen comprometido, por tanto, ahora también sospechosos de proceder de fuentes electorales prohibidas.
Incluso, el juez de control de garantías decidió no aceptar la solicitud del ente acusador de cambiar la reclusión del sindicado en centro carcelario por prisión domiciliaria, a raíz de las nuevas realidades. Y le otorgó libertad condicional, dejándolo en situación similar a la de su ex esposa, Daysuris Vásquez, quien antes ya había puesto a la campaña en entredicho como parte de su propia colaboración. Expediente, asimismo, que toma vuelo justo al cumplirse un año del mandato presidencial. Con lo que la antigua pareja podrá, de un lado, enfrentar el juicio en libertad y, de otro, proceder a la colaboración anunciada. Y tratar, cada quien por su lado, de reducir sus penas al máximo, con fundamento en el principio de oportunidad, inclusive como testigos de cargo y aún sin saberse si habrá unidad de criterio en lo dicho ayer a Semana, por Nicolás Petro, de que nunca enteró a su padre de sus procedimientos.
Ahora, pues, queda a la justicia fijar los términos precisos. Y una vez formalizado el asunto, ante un juez de conocimiento, se sopesarán los beneficios de ley pretendidos. De hecho, no estaría descartado inferir que se podría llegar a evaluar, dependiendo del material, si los aportes en cuestión hacen parte de los quince mil millones de pesos que el ex embajador Armando Benedetti dijo haber conseguido para la misma campaña, en la costa Caribe, en las explosivas conversaciones con la ex secretaria presidencial Laura Sarabia, así como ponderar si hay alguna relación con el voluminoso dinero en efectivo robado de la residencia de esta y que ha llevado a los dramáticos sucesos conocidos, con un suicidio a bordo. Mientras que, por su parte, es de prever que el fiscal en mención abrirá nuevas facetas de investigación o dará mayor soporte a las que ya cursan en su despacho, según se puede deducir de la extensa y nutrida exposición, con diagramas específicos incluida la primera dama, que sus auxiliares hicieron en la audiencia antedicha, aunque todavía sin resoluciones de fondo.
En ese orden, se abrió esta semana una línea jurídica de profundas consecuencias. Por ende, la justicia habrá de constatar si el candidato, hoy primer mandatario, tendrá, en todo caso, que responder por los aportes no registrados en su campaña. Esto, en los términos de la Constitución (art. 109) que, a partir de 2003 cuando aquel era congresista, cambió y endureció las cláusulas respectivas, entre otras, implicando taxativamente la desinvestidura, en este escenario por vía del Congreso. A su vez, mandamientos constitucionales que se compendiaron y ampliaron, en 2017, en una ley (1864), de hecho, firmada por el hoy ministro de Comunicaciones Mauricio Lizcano, como presidente del Senado, al igual que siendo senador el actual ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. En suma, un amplio estatuto dentro del Código Penal emitido hace poco más de cinco años, con duras penas para el candidato y gerente como también para los aportantes al tenor textual de la no información, financiación con fuentes prohibidas, violación de umbrales y comprobadas incompatibilidades con las cuentas de campaña presentadas al Consejo Electoral (arts. 396 A y B).
Prevista de antemano la gravedad del asunto, que incluso el presidente ya venía insinuando con los sofismas del “enemigo interno” y el “golpe blando”, procedió a anticiparse seis meses al enviar esta semana a la Corte Suprema una terna de mujeres para ocupar la Fiscalía, sugiriendo, de paso, un ad-hoc para su caso particular. Y luego nombró abogado defensor en medio del terremoto, aparte de familiar y jurídico, convertido en un huracán político que le está dando la vuelta al mundo. Ante lo cual, con la legitimidad de la campaña de 2022 en vilo, la única vía, hechos los contrastes correspondientes, es apremiar el pronto y debido pronunciamiento de la justicia mientras, en razón de las circunstancias, el Gobierno sin duda verá reducido su margen político al mínimo, aún dentro de sus propios aliados, y por descontado con cualquier intento de coalición o de acuerdo nacional sin piso posible a la vista.