Un flagelo que no desaparece
Urgen castigos más drásticos
El fallo condenatorio contra dos altos funcionarios del gobierno Uribe por el grave caso del espionaje a magistrados, dirigentes de la oposición y periodistas, no sólo es ejemplificante sino que debe dar lugar a una reflexión de fondo en nuestro país sobre cómo la inviolabilidad de las comunicaciones se ha convertido en una de las garantías más vulneradas en Colombia. Lamentablemente los escándalos referidos a interceptación ilícita de llamadas telefónicas y correos electrónicos se suceden a cada tanto, sin que las leyes, controles y aumento de sanciones adoptadas desde distintas instancias del Estado sean lo suficientemente efectivas. Es indudable que el de las “chuzadas” ha sido el caso más grave en la última década, debido a que involucró altas instancias del gobierno de entonces y que suma ya no menos de 20 fallos condenatorios y llevó a la liquidación del organismo de Seguridad e Inteligencia que dependía directamente de la Casa de Nariño. También porque después de quedar al descubierto todo este entramado, el país se enteró de que incluyó no sólo espionaje, sino también seguimientos a magistrados, opositores y periodistas, e incluso maniobras para enlodarlos y desprestigiarlos de distintas formas. De allí que los delitos cometidos, al tenor de las condenas ya emitidas, hayan ido desde concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de la función pública, hasta prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público, uso ilegal de recursos públicos e información privilegiada, rastreo financiero irregular… En fin, una trama criminal profunda y claramente desinstitucionalizadora.
Sin embargo, la judicialización de buena parte de responsables, las veinte condenas ya alcanzadas, la desaparición del DAS y hasta la formulación de una nueva ley marco de Inteligencia, así como la desactivación de las plataformas de interceptación que tenían otras entidades como la Procuraduría o la Contraloría, no han evitado que los casos de chuzadas hayan desaparecido del todo. No hay que olvidar que hace un año quedó al descubierto una operación de espionaje al proceso de paz desde la plataforma “Andrómeda” de Inteligencia Militar. Hasta los correos electrónicos personales del Presidente de la República fueron infiltrados, al igual que los de los negociadores gubernamentales en La Habana. Y tampoco puede perderse de vista que la campaña presidencial del año pasado también fue impactada por un caso de hackeo. En ambos casos, tras varios meses de pesquisas, se anunciaron recientemente medidas. En el primero, las Fuerzas Militares oficializaron la sanción a varios uniformados involucrados y, en el segundo, uno de los principales sindicados ya logró un acuerdo con la Fiscalía para una condena no menor a 10 años, condicionada a que siga colaborando con la justicia para descubrir a los autores intelectuales de la operación de espionaje. A lo anterior deben sumarse las versiones en torno de que algunos equipos de monitoreo e interceptación están hoy en manos de redes criminales que venden sus servicios al mejor postor.
Si bien es cierto que Colombia tiene hoy una nueva Ley de Inteligencia, cuya principal filosofía es que cualquier tipo de interceptación a las comunicaciones debe tener una orden judicial previa, al tiempo que estableció instancias y procedimientos de vigilancia por parte del Congreso y otros entes de control, no son pocas las voces que advierten que a la luz de los casos recientes de chuzadas es necesario volver a ajustar la normativa para evitar que ruedas sueltas dentro de los organismos de Inteligencia o que las llamadas “casas de fachada” que se utilizan para el rastreo de información sobre las movidas delincuenciales, terminen saliéndose del marco legal. También se requiere no sólo una política de seguridad informática más eficiente a nivel público y privado, sino medidas penales drásticas que castiguen a los llamados “hackers”, cuya capacidad de infiltración y modus operandi criminal cada vez son más peligrosos.
Obviamente este no es un problema que sólo afecta a Colombia. En todo el mundo el espionaje tiene en jaque a gobiernos, multinacionales, personalidades y al más anónimo de los ciudadanos. Sin embargo, casos como los de las chuzadas en nuestro país no son tan comunes, razón por la cual es urgente que se tomen medidas más efectivas para erradicarlas de una vez por todas.