* Significado de su elección

** Fiel de la balanza en la Corte Constitucional

Resulta sorprendente que algunos aún crean que la elección de magistrados a la Corte Constitucional no tiene un hondo contenido político. Como debe ser. De hecho, la integración de las Cortes más importantes del mundo es la que despierta mayor interés en la opinión pública. En Estados Unidos, por ejemplo, la asignación de vacancias suele suscitar gigantescos debates e incluso durante las campañas presidenciales se sabe de antemano quiénes pueden ser los escogidos por el Presidente de la República.

Colombia, por su parte, pese a que la Corte Constitucional ya cumple veinte años, aún no se acostumbra a que ella exista. Por el contrario, todavía hay múltiples opiniones según las cuales sus atributos y omnipresencia son excesivos y por lo tanto hay que recortarle funciones. Hay argumentos tan insulsos como que resulta increíble que nueve magistrados decidan más allá de lo que puede ser una ley congresional o un decreto presidencial.

Dígase lo que se diga, desde que se estableció la jurisdicción constitucional, como elemento autónomo de la Corte Suprema de Justicia, todo el ámbito político del país pasa necesariamente por la Corte Constitucional. No en vano la Carta Magna nacional se llama precisamente Constitución Política de Colombia, es decir, que de antemano se definen allí las capacidades políticas de esta corporación en la salvaguarda de los principios y estructuras fundamentales que constituyen el país.

En las naciones de mayor avanzada constitucional, como Alemania o Italia, se sostiene que los órganos de jurisdicción constitucional deberían incluso ampliarse más allá de su integración por abogados o jurisconsultos. Siendo su ámbito de enorme envergadura, algunos tratadistas europeos, donde nacieron estas figuras, indican que también deberían integrarse con otros sectores sociales de la economía, la sociología y la ciencia. Es decir, que para acceder a una Corte Constitucional el requerimiento de abogado no sería indispensable por cuanto desde allí no solamente se toman decisiones en Derecho, sino que igualmente competen a la economía, la inserción internacional y la situación social.

Esto para señalar, precisamente, el profundo componente político que encarna la elección de este tipo de magistrados. Y por ello se requiere igualmente alguna dosis de democracia indirecta para su integración. De allí que deban ser los congresistas, en la más alta instancia del Senado de la República, quienes los seleccionen, conservando así la línea de representatividad popular. Si no fuera así, decisiones que afectan determinantemente a toda la ciudadanía serían tomadas por quienes no tienen la mínima conexión con ella. Hace unas semanas se pretendió, en la reforma a la Justicia, cambiar el sistema de elección de magistrados por parte del Congreso, lo que era un exabrupto precisamente por romper ese imperativo de la democracia indirecta.

Visto lo anterior, es hasta ridículo escuchar que se les ponen cláusulas condicionales a los magistrados para que no puedan expresarse ideológicamente en los fallos. Es lo que acaba de suceder con el magistrado conservador elegido anteayer, Luis Guillermo Guerrero, con miembros del Partido Liberal, revistas y opinadores que de inmediato quisieron ponerle una cortapisa para decirle que sólo podía fallar acorde con la Constitución. Obvio de toda obviedad. Nadie va a prevaricar en la Corte con fallos contrarios a Derecho. Pero tampoco nadie, en ninguna parte del mundo, mucho menos en las Cortes más ilustradas, se descarga de su ideología al ser elegido, porque sería la traición a una vida de estudio y de ejercicio profesional, que es precisamente por lo cual se le exalta hasta la máxima magistratura.

De allí que está bien que se sepa, y bien sabido, que el magistrado Guerrero, en buena hora seleccionado por sus aptitudes e idoneidad, puede ser el fiel de la balanza de una Corte no liberal, sino liberalizante, que se desmembró por renuncias que por desgracia confirman el oficio en la Corte como simple trampolín. Retornar al justo medio aristotélico, y en particular a los significados y significantes constitucionales, es bueno para el país, desde luego dentro de los lógicos y taxativos canales constitucionales obligados.

Que el magistrado Guerrero tenga origen conservador no ha de amilanarlo, sino enaltecerlo, pese a tanto bochinche de quienes quieren ver a la Corte Constitucional como un reducto donde las minorías se impongan a las mayorías nacionales. Está bien respetar a las minorías y darles garantías, sobre la base de que la democracia se sustenta en la orientación de una mayoría social.