*Potencializar figura del Ombudsman
**Una agenda muy amplia y compleja
Los procesos de elección de dignatarios en el Congreso siempre concentran la atención de la opinión pública y de todos los sectores políticos, sociales, económicos e institucionales. Y, dado que se trata de un órgano de naturaleza política, la polémica siempre está a la orden del día. Aunque hay algunos puristas que tratan de descalificar este escenario circunstancial, lo cierto es que en todos los parlamentos de los países democráticos es normal y connatural que la escogencia de altos funcionarios por parte de los integrantes del Legislativo siempre esté rodeada de pujas partidistas, políticas e ideológicas.
Esa precisión es necesaria ahora que la Cámara de Representantes se apresta a elegir esta semana al nuevo Defensor del Pueblo. La terna proyectada por la Presidencia de la República está compuesta por Olga Lucía Gaitán, Beatriz Linares y Jorge Armando Otálora, cuyas hojas de vida y trayectorias han sido ampliamente ponderadas para cumplir con la trascendental función que le corresponde a quien debe encabezar la entidad a la que la Constitución le ordena velar “por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos” en su más amplio espectro y ámbitos. La figura del Ombudsman, un vocablo que algunos tratadistas del Derecho atribuyen a orígenes suecos y que se traduciría en la práctica como el “comisionado” o “representante” de la ciudadanía para hacer valer sus derechos fundamentales y exigir su cumplimiento o reparación ante las instancias públicas y privadas, es clave dentro de nuestro orden institucional y más aún cuando afortunadamente la Carta del 91 es rica en materia de garantías para todos sus habitantes.
En ese orden de ideas, más allá de cuál sea la candidata o el candidato que resulte elegido por la Cámara para suceder a Vólmar Pérez en la Defensoría, lo importante aquí es que la agenda del nuevo titular de la entidad no sólo dé continuidad a una labor paciente y esforzada del saliente funcionario, sino que potencialice y dimensione aún más la importancia de esta entidad. El seguimiento y apoyo a las acciones populares y de grupo, la defensa de la tutela como el mecanismo de amparo más eficiente para el ciudadano de a pie, una gestión más proactiva para proteger a grupos poblacionales violentados en sus derechos humanos, el refuerzo del mecanismo de alerta temprana para prevenir victimización de poblaciones y particulares, el fortalecimiento del sistema de defensoría pública a sindicados y condenados por la justicia, apoyo integral a la implementación de la Ley de Víctimas de la Violencia y de Restitución de Tierras, abanderar las campañas para rechazar los delitos de lesa humanidad que los grupos ilegales perpetran contra los civiles, un papel más protagónico para solucionar la crisis carcelaria, el acompañamiento a las solicitudes de los familiares de personas desaparecidas, asumir como propias las causas de los desplazados por la violencia… En fin, son muchos los asuntos urgentes y de allí que debe superarse el tema mecánico de la elección parlamentaria y concentrarnos en lo verdaderamente fundamental.
La tarea que cumple la Defensoría es muy importante y dadas las nefastas circunstancias que sufren muchos compatriotas por flagelos como la violencia, la desigualdad económica, el abandono estatal, la exclusión social y la indolencia de las entidades nacionales, regionales y locales ante las necesidades básicas insatisfechas de los sectores más vulnerables, es imperativo que esta institución sea fortalecida estructural, administrativa y presupuestalmente. En la medida en que ello ocurra, por ejemplo, no será necesario que organizaciones no gubernamentales terminen desplazando a la Defensoría de su papel de ente garante en cualquier acción humanitaria.
La opinión pública y los distintos sectores nacionales deberían concentrar sus esfuerzos y veedurías en que la nueva o nuevo timonel de la Defensoría tenga todo el apoyo necesario para cumplir con semejante carga funcional. En muchos países la figura del Ombudsman es considerada una de las más importantes del Estado y sus pronunciamientos y medidas tienen un peso específico muy marcado y mandatario en los ámbitos públicos y privados. Hacia ese norte debería apostar Colombia.