* Manifiestas intenciones de saboteo electoral
* Máxima responsabilidad de los candidatos
Aunque las Fuerzas Militares y la Policía han asestado importantes golpes a las guerrillas, así como a las bandas criminales de alto espectro, es evidente que el reciclaje de la violencia armada en distintas zonas del país sigue su curso. Al aumento de masacres, desplazamiento forzado interno, ataques a la Fuerza Pública, asesinatos de líderes comunitarios, así como de desmovilizados, debe sumarse la crisis de seguridad en la frontera con Venezuela.
La semana pasada, por ejemplo, tuvo lugar el llamado ‘paro armado’ que el Eln adelantó por tres días, entre miércoles y sábado. Aunque se alcanzó a indicar que la escalada se había extendido hasta ayer, el grupo armado ilegal lo terminó negando, pero en todo caso las acciones de la semana pasada, en medio del estallido de la guerra en Ucrania, estremecieron varios departamentos del país.
¿Cuál fue la dimensión de la oleada violenta? Los diagnósticos son distintos. El Ministerio de Defensa indicó que no solo se logró contener sustancialmente la ofensiva del terror gracias a la movilización de al menos 240 mil uniformados, sino que hubo importantes capturas y decomiso de armas. Respecto a las acciones terroristas perpetradas, el parte oficial indica que la reacción fue rápida y oportuna: en cuestión de horas se logró recuperar la movilidad en las vías bloqueadas e incluso se instaló en tiempo récord un puente militar en inmediaciones de Pailitas (Cesar), reactivando el paso por la troncal al Caribe. También se resaltó el bombardeo a un campamento de las disidencias de las Farc en Arauca, abatiendo más de 25 ilegales, el golpe más fuerte a este grupo residual en meses.
Por otra parte, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) contabilizó 39 “hechos victimizantes”, siendo Cauca, Cesar y Norte de Santander las zonas más afectadas. A su turno Indepaz registró 65 acciones atribuibles al ELN en esas 72 horas. Incendio de vehículos, ataques a puentes vehiculares, hostigamientos a estaciones policiales y guarniciones militares, ‘retenes’ ilegales, amenazas a transportadores de carga y de pasajeros, ‘bombas’ panfletarias y acciones de menor escala se registraron. También se investigan varios asesinatos aislados de uniformados y civiles para establecer la autoría de los subversivos.
Visto todo lo anterior, son tres las conclusiones que se pueden derivar. En primer lugar, que el Eln se mantiene como una de las mayores amenazas en el mantenimiento del orden público, en Colombia. No solo por el llamado ‘paro armado’, sino por todo lo ocurrido en el arranque de este 2022 y el último semestre del año pasado en la frontera con Venezuela. Incluso, bien se puede afirmar que la complicidad de la dictadura venezolana con esta guerrilla se convirtió en el principal peligro para la seguridad nacional de nuestro país.
En segundo término, es innegable que la escalada terrorista tenía como principal fin desestabilizar la campaña electoral parlamentaria y presidencial y afectar, de paso, la imagen gubernamental en momentos en que su favorabilidad sube ante la opinión pública por hechos como el histórico crecimiento económico del 10,6% y el avance en el combate a la pandemia, al punto que se empezó a desmontar parcialmente el uso del tapabocas tras dos años de emergencia sanitaria.
Por último, pero no menos importante, es evidente que el tema del Eln y qué pasará con ese grupo ilegal en el próximo gobierno irrumpió en la campaña presidencial y los pronunciamientos de los candidatos al respecto tienen un impacto superlativo en la opinión pública. Se requiere, entonces, la máxima ponderación y responsabilidad en este caso, pues más allá de obtener réditos electorales, aquí está sobre el tapete la institucionalidad y los compromisos que puedan asumir quienes compiten por la sucesión en la Casa de Nariño.
Por lo pronto, el Estado tiene que afinar la estrategia de seguridad y orden público. Es claro que el Eln no cumplió su objetivo de bloquear al país o regresarlo a aquellas épocas infaustas en que el temor inmovilizante campeaba. Pero es seguro que volverá a intentar sabotear el proceso democrático, sin importar cuántas vidas arrebate y cuánto daño produzca. Por eso, hay que redoblar la ofensiva contra este y todos los grupos ilegales, sin darles oportunidad de afectar uno de los derechos más sagrados de la Carta: el de elegir y ser elegido.