Es  de lamentar que jueces y funcionarios paralicen sus actividades, pues son parte del Gobierno y es necesario su concurso permanente para resolver los diversos conflictos, demandas, juicios y problemas de todo orden, de su competencia. Los funcionarios judiciales deben tener sueldos dignos, acordes con el cargo y las delicadas funciones que les son encomendadas; no basta estudiar el Derecho, comprenderlo y auxiliarse de otros conocimientos que demandan horas y horas de estudio durante el ejercicio profesional, es preciso que los que asumen la tremenda responsabilidad de ejercer tareas judiciales sean profesionales  de la mas reconocida solvencia moral, insobornables y, en especial,  dotados de claridad mental, objetividad, imparcialidad y sagacidad, para no ser influidos por el medio, calidades que suelen ser verdaderamente raras. Así como es preciso derrotar la congestión en los tribunales y la tendencia a judicializar casi todos los problemas, lo  que desata una competencia peligrosa en el Congreso en cuanto a improvisar leyes penales.

El sabio y milenario  Derecho Romano enseña en los países de origen latino, que los jueces deben ajustarse a las leyes. Pese a lo cual, por la copia atolondrada de modelos foráneos que no concuerdan con nuestra mentalidad, tenemos jueces audaces que apoyados en ciertos incisos de la Carta de 1991, como de controvertidos fallos de la Corte Constitucional, se apartan del tenor de la ley, para juzgar a su acomodo los asuntos. Esto en un país en donde los cambios en las leyes y las costumbres, incluso los valores, se dan con premura vertiginosa. Por un tiempo se consagran determinadas conductas como criminales y punibles, para que, de improviso, desaparezcan de los códigos por cuanto el Congreso y el Gobierno lo determinan, sin que la sociedad se acomode a los cambios. Lo que vulnera las instituciones en grado máximo, anarquiza el país y debilita la ejecución de la ley.  Se rompe con la tradición y se vuelve un campo minado el orden, dejando expósita y malherida a la sociedad.

La rama judicial se eriza  por la creación de varias magistraturas, de Cortes con funciones similares, que se pisan los callos entre sí. Tenemos un verdadero estamento o poderosa nueva clase burocrática que reclama copiosas jubilaciones y que por su cantidad, pese a que algunos de éstos son personas de la mayor valía, reconocen que su prestigio ha descendido desde cuando apenas había una Corte Suprema que cerraba y decía la última palabra en los juicios. Ese fenómeno desencadena múltiples problemas en la pirámide de la institución. Los legisladores que en la Constituyente multiplicaron las cortes y la burocracia, para justificarse aducen que imitaron modelos europeos, olvidando que no estamos en Dinamarca sino en Cundinamarca.

Tras un largo paro judicial un gobierno complaciente en el siglo pasado acordó un alza de salarios que con el crecimiento de la burocracia judicial no ha sido posible cubrir por las  distintas administraciones. Es  una bomba de tiempo que ahora tiende a estallar. Y el Gobierno debe explicar que es solidario con la causa judicial, mas no está en condiciones de cumplir ya con disposiciones demagógicas que afectan los recursos de todos los colombianos. Los de la cúpula ganan más, cómo es lógico, por su experiencia, servicios, responsabilidad y consagración, así en algunos casos aparezcan unos magistrados como agentes políticos empujados por la intriga y no por sus exclusivos méritos. 

En el 2007 se incrementan en un 36% los sueldos de los  magistrados de las  cortes, de los  tribunales seccionales y de  los abogados asesores de esas corporaciones, mientras  se excluye el resto de servidores públicos  de la rama. Esa es la razón esencial de la protesta. Al tiempo que el Gobierno tiene la razón cuando proclama que no está en condiciones de cancelar la bola de nieve agigantada de lo que reclaman los funcionarios en paro, deuda que se pagaría gradualmente.

Son miles y miles los procesos paralizados, multimillonarias las pérdidas de los particulares y del Gobierno, gravísimo el caso del vencimiento de términos para delincuentes curtidos que salen de prisión, doloroso el caso de los juicios que se congelan, con deplorables efectos económicos negativos, así como es un insulto a la justicia el caso de los   inocentes que no pueden salir de prisión.

Según el Comandante Operativo de la Policía de Bogotá, coronel Mariano Botero, tan solo en la capital por cuenta del paro en la ciudad están quedando libres el 40% de los capturados. El Gobierno debe mostrar firmeza o de lo contrario crecerá la impunidad y lloverán las huelgas en cadena.