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El plan del presidente Joe Biden para la recuperación de la economía de los Estados Unidos, que fue aprobado en la madrugada del pasado sábado por el Senado y que ahora debe ir a la Cámara que, con toda seguridad, lo aprobará para ser firmado en los próximos días por la Casa Blanca, tiene varias características que es bueno destacar.

En primer lugar, no se había visto en la historia un programa federal de recuperación económica de tal magnitud (US$ 1,9 trillones dólares), que supera inclusive al que se puso en marcha durante la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. The Washington Post comenta, por ejemplo, que “el paquete económico democrático apoyado el pasado sábado, combinado con el que se había autorizado el año anterior, es mayor que cualquier respuesta del gobierno federal en las crisis anteriores. La respuesta durante el gobierno de Roosevelt en la gran recesión se dosificó durante varios años. El de ahora se aplica en el estrecho margen de dos”.

En segundo lugar, se trata de un programa que, a diferencia de los anteriores que se autorizaron por el Congreso durante la administración Trump y que se canalizaron a través de las empresas, el de Biden se ha diseñado para apoyar directamente a las personas naturales y a los hogares que se consideran pobres. Hay, pues, un cambio de énfasis entre los dos gobiernos.

En tercer término, los dos programas anteriores se habían aprobado por el Parlamento dentro de un cierto consenso entre republicanos y demócratas. En esta ocasión avanzó por el escaso margen de un voto, que es la precaria ventaja de que goza el partido de gobierno en el Senado. Fue, entonces, una decisión que quiso hacer honor a la promesa de campaña de Biden. La bancada republicana votó monolíticamente en contra, argumentando que el paquete de ayudas es exagerado y que como la economía ya empieza a recuperarse no era necesario un esfuerzo fiscal de tan protuberante magnitud.

Es interesante advertir que la votación del sábado pasado es también el preámbulo de lo que será el día a día parlamentario en los meses que vienen. Si bien es cierto los demócratas gozan de una exigua mayoría en el Senado, el partido Republicano no parece dispuesto a concederle ningún margen de maniobra en lo que desde ahora se adivina como un duro clima político que deberá administrar y manejar la Casa Blanca.

El programa aprobado es de una generosidad inusitada para con los beneficiarios. Hasta el punto de que algunos prestigiosos medios, incluyendo al ya mencionado The Washington Post, anotan que se están comenzando a presentar dificultades de las empresas para reenganchar operarios que habían declarado vacantes al iniciarse la pandemia. Empleados que ante el abultado flujo de ayudas con recursos federales que están recibiendo no parecen interesados en volverse a reincorporar a las huestes de trabajadores activos.

Algunas breves cifras ilustran la magnitud que envuelven los apoyos aprobados en el Plan Biden: se decidió, por ejemplo, darle una ayuda de 350 billones de dólares a municipios y Estados que inclusive no registran déficit en sus cuentas fiscales.

Se asegura, igualmente, un cheque universal directo de US$ 1.400 a destinatarios que no tienen que acreditar que están en situación de desempleo. Simplemente deben probar que están por debajo de una línea de ingresos, bastante alta por cierto, de US$ 80.000 dólares anuales.

El programa aprobado, mirado simplemente por su cuantía absoluta, es equivalente a todo el presupuesto que en un año normal gastan los Estados Unidos en seguridad social.

Se estima que el monto de las ayudas es de tal dimensión que, según los primeros cálculos, sacará inmediatamente de la pobreza a un tercio de los norteamericanos que los departamentos de estadística catalogan como pobres.

La gran pregunta que en los círculos académicos y financieros comienza a plantearse cada vez con mayor insistencia es si este tipo de instrumentos, apoyados fundamentalmente en recursos presupuestales directos, no está sembrando la semilla de una gran inflación que, más temprano que tarde, puede florecer en el mundo occidental y que, a la larga podría, determinar que el remedio sea peor que la enfermedad.

Los países ricos como Estados Unidos pueden darse el lujo de elevar a niveles exorbitantes los programas para recuperar las economías de los estragos del coronavirus. Pero pueden ser también los que paguen los costos con un estallido del nivel de precios en un horizonte de tiempo que puede no estar tan lejano como se cree.