*La recuperación del Fuero Militar
*No se puede seguir bajo el amparo de la inconstitucionalidad
Se necesita actuar rápido en el tema del Fuero Militar. Y está bien que el Partido Conservador, en la reunión de las bancadas con el presidente Santos, haya tocado de nuevo el tema a fin de solucionarlo lo más pronto posible. Resulta incluso casi extemporáneo un asunto que debió solucionarse hace tiempo.
En efecto, como hemos venido insistiendo en estos editoriales desde hace años, el problema se creó por un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, sin que aquello tenga verdadera fuerza vinculante tanto en cuanto es un acto administrativo de muchísimo menor nivel que la Constitución o la Ley. Es decir, que dentro de la estructura estatal no puede una norma de rango inferior ponerse por encima de las que tienen rango superior. Y eso, como lo dijimos en su momento, debería ser al menos demandable, como en efecto lo ha sido sin que el Consejo de Estado se haya pronunciado al respecto.
Pero lo más práctico sigue siendo que se deshaga el dicho convenio a través de otro acto administrativo del mismo calado. Con ello todo regresaría al Fuero Militar real, ese que aquí hemos considerado automático por las cláusulas constitucionales correspondientes. Inclusive, la neutralización a que fue sometido el Fuero Militar, pasándolo al reparto de cualquier fiscal, donde este decide si las conductas a indagar pasan a la Justicia Ordinaria o a la Militar, lo que ha hecho es mediatizarlo de manera, a nuestro juicio, completamente inconstitucional. Y así han transcurrido los años con ese exabrupto legal que el Presidente podría derogar en un instante.
El Fuero Militar, ciertamente, en todos los países es automático. Es decir, que si un militar, por hechos adjudicables al servicio comete ilícitos, estos deben ser investigados por la Justicia castrense. Solo en caso de que ellos sean por fuera de actos del servicio, serán investigados por la Justicia Ordinaria. Y eso tan sencillo lo convirtieron en un galimatías al introducir la extravagancia de la Fiscalía en medio de esa decisión que antes se consideraba regular.
Así ocurrió durante las administraciones de Álvaro Uribe y el fiscal Mario Iguarán, no se sabe muy bien con qué objeto. Posiblemente para congraciarse con ciertos sectores defensores de los derechos humanos que consideran que las Fuerzas Militares colombianas son unas depredadoras en la materia. No hay duda de que hay elementos en las tres Fuerzas que han desdicho de sus labores, pero son ellos una ínfima parte de una institución que no ha hecho más que servirle al país en momentos de tantas vicisitudes y crisis. Por el contrario, las rémoras de la Justicia Ordinaria, por ejemplo en las sanciones a los denominados “falsos positivos”, que sin duda son una vergüenza, han impedido clarificar rápidamente el asunto y muchas veces los sindicados han salido libres por vencimiento de términos.
Es obvio que con una Justicia Ordinaria congestionada a cual más no poder casos como este se pierden entre tantos expedientes de toda índole. En cambio, si la Justicia castrense los hubiera abocado el escrutinio público sería de mayor envergadura y mucho más claro.
En el trámite de la fallida reforma a la Justicia, que tanto estruendo causó en el país recientemente, el Partido Conservador insistió hasta la saciedad en la derogación del dicho convenio interadministrativo y la pronta expedición de un Fuero Militar acorde con las necesidades colombianas para superar la guerra.
Mantener las cosas como están, no sólo desmoraliza al oficialato, sino que es una actitud claramente inconstitucional. Nadie dice, desde luego, que quienes merezcan castigo no lo obtengan, pero igualmente es absolutamente claro que, como en otros casos de jurisdicciones especiales, la profesión castrense requiere ser evaluada en su dimensión por juristas expertos e idóneos en la materia.
La legislatura actual, como bien lo ha dicho el Partido Conservador en la reunión con el Primer Mandatario, debe servir para expedir una ley que configure una Justicia castrense con la adecuación de la magistratura competente. Al mismo tiempo, por su parte, el presidente Santos, en el término de la distancia, debería proceder a derogar el convenio interadministrativo. Sería ella una señal perentoria en pro de las Fuerzas Militares, bajo los requerimientos de una Justicia Militar que no señale ningún espíritu de cuerpo, sino que se profesionalice y ajuste dentro de las mismas dependencias castrenses y con el escrutinio público concomitante. Es hora de actuar ya en ambos sentidos.