Reciclaje de la inversión estatal

Costo político en la venta de Isagen

La interpretación de las funciones del Estado ha dado, a través de los tiempos, para establecer diferentes conceptos sobre el sentido de lo público. En alguna época triunfó la tesis de que el aparato estatal debía ser lo suficientemente voluminoso e intensivo como para dar respuesta y solución a la gran mayoría de los problemas y requerimientos de la sociedad. Esto fue, precisamente, lo que llevó, durante buena parte del siglo XX, a la división entre el capitalismo propio de las sociedades fundamentadas en la libertad y la democracia, y el capitalismo de Estado donde aquel era el propietario exclusivo y excluyente de los medios de producción y sus réditos. Es decir, el comunismo. Y con  ello vino una larga discrepancia entre los beneficios sociales de la propiedad comunal y la propiedad individual.

El debate, base de la política de la época, terminó saldándose categóricamente a favor de la iniciativa particular, el régimen de libertades y la redistribución del ingreso a través de los impuestos. El desplome del comunismo y la constatación de su fracaso económico, fruto de la coacción y la negligencia, dejó el campo abierto para afianzar la economía de mercado. Y así ocurrió hasta el punto de que hoy países con regímenes de características comunistas, como la China, se matricularon en el circuito de la oferta y la demanda universal, dieron vía libre al ánimo de lucro y se convirtieron en motores económicos del globo. Siguiendo ese ejemplo también han surgido países como Vietnam y esa es la ruta que aparentemente toma la Cuba de la actualidad.

En tanto, las fuerzas políticas democráticas partidarias del capitalismo, que quedaron vigentes luego de la debacle comunista, se dividieron entre las que le dan prevalencia a la iniciativa individual y las que pretenden una mayor cantidad de Estado para resolver los problemas sociales. En Colombia, el caso de Isagen, último activo estatal de importancia cuya mayoría accionaria fue vendida ayer a una empresa de construcción y energía canadiense a un costo de 2.000 millones de dólares, se inserta precisamente en las contradicciones políticas anteriores. Es común decir que los estatistas están más alinderados a la izquierda mientras los que confían en el sector privado están más a la derecha. Sea lo que sea, el caso de Isagen muestra las diferencias existentes en el sentido de lo público dentro del espectro colombiano.

Podría decirse que el capitalismo, por definición, es un mecanismo por medio del cual se aplican los excedentes de capital a fin de conseguir mejores réditos y tasas de retorno sociales. Lo que cuenta y vale, entonces, para el caso de Isagen, es lo que podríamos llamar el reciclaje de la inversión pública y su tasa de retorno social. Que es lo que se pretende.  Los 2.000 millones de dólares de la venta serán destinados a la financiación de viaductos y carreteras, requerimiento inaplazable en la productividad y modernización del país. De manera que el peor pecado era haberse quedado quieto, haber trasladado el saldo a la cuenta de más impuestos o haber roto la regla fiscal. El reciclaje de la inversión pública era, ciertamente, la opción a la mano.

Desde luego, el costo político para el gobierno será de importancia. La “subasta” de un solo proponente deja un mal sabor, puesto que sin puja cualquier eventual detrimento patrimonial se hace más visible. No le hace bien, tampoco, a la empresa ganadora las investigaciones por soborno que tiene en Brasil. Y, de otra parte, fue un equívoco gubernamental  haber dejado politizar el tema y haber logrado la venta pero, por decirlo así,  “con el rabo entre las piernas”.  A no dudarlo, lloverán las demandas como es de uso común en estos casos.

Aun de tal modo, no se trata la venta de las acciones de Isagen del capitalismo desbordado que, por ejemplo, llevó al mundo a las crisis de 2008. Para ello, justamente, están los mecanismos de regulación del mercado a los que, sin excepción, deberá estar sometida la empresa en manos privadas. De modo que ojo avizor habrá sobre ambas circunstancias: que los réditos sean efectivamente utilizados en las carreteras, y no para maromas fiscales, y que los costos de la compra no sean trasladados por la compañía en las tarifas del consumidor. Si ello queda bien controlado, la pela habrá valido la pena. De lo contrario, el país pasará una cuenta de cobro sin precedentes.