* Moción de destitución para Castillo

* Indignación por fallo a favor de Fujimori

El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este jueves liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado diez meses después, lo que generó revuelo político y social porque ello afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y lesiona su dignidad, tal cual lo señalaron partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y la propia Comisión Interamericana de Derechos humanos (Cidh).

La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, declaró fundada la demanda de hábeas corpus en favor del expresidente y "restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad".

Como se recuerda, el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski, en los estertores de su gobierno, cuando debió renunciar e ir a prisión, le concedió el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, quien lleva dos décadas detenido y combate un cáncer. La reacción del tambaleante gobierno de Pedro Castillo se dejó conocer de inmediato por cuenta del viceministro de Justicia, Juan Carrasco, quien emitió un comunicado a las pocas horas de hacerse pública la decisión del Tribunal Constitucional, donde afirmó que el Gobierno estudia el fallo antes de impugnarlo en tribunales internacionales.

Lo evidentes es que el indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del presidente de la República, mucho más en el caso de un prisionero que cumplió tan dura condena y se encuentra en grave estado de salud. Es por ello que muchos peruanos ven este caso como una oportunidad para buscar la reconciliación entre derechas e izquierdas, tradicional pugna que abrió paso a que llegara al poder la extrema izquierda, con Pedro Castillo, quien ahora enfrenta la posibilidad de ser destituido. El Congreso debatirá esa solicitud contra el primer mandatario el próximo 28.

La excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien siempre ha calificado la condena de su padre de aberrante e injusta, se regocija y aplaude la decisión del Tribunal Constitucional que en el Perú y anuncia que una vez recupere su libertad se quedará en el país y continuará con sus tratamientos médicos.

En las últimas tres décadas Perú ha tenido seis expresidentes que terminaron en prisión. Se recuerda el famoso caso de Alan García, acusado de haber recibido 24 millones de dólares para la financiación de su segunda campaña de Ordebrecht, a cambio de la adjudicación de las obras del Metro de Lima.  García, gran orador, enfrentado a la detención, decidió pedir asilo en la embajada de Uruguay, que le negó el presidente de ese entonces, Tabaré Vázquez, porque esa figura no existe para evadir delitos comunes. Entonces, el expresidente, informado de su inminente detección, condena y la posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión, tomó la sombría decisión de suicidarse, dejando una carta en la que retiraba era inocente de los cargos que le imputaban.

Contra el resto de expresidentes detenidos y juzgados por violaciones al Código Penal y ultraje a su alta investidura por recibir jugosas dádivas en dólares, como por cuenta de su complicidad en la contratación oficial u otros delitos, la justicia ha sido implacable, al igual que contra los guerrilleros. Así, el máximo jefe del hoy desaparecido Sendero Luminoso, Abigail Guzmán, filósofo e intelectual, cayó en prisión y murió en su celda de la base naval del Callao. Perú derrotó los movimientos subversivos y ha dejado claro que la ley no se negocia. 

Entre tanto, el pasado lunes el Congreso del Perú, tras candentes debates impulsados por la oposición de derecha, aprobó debatir el pedido de destitución de Pedro Castillo. Es la segunda vez que se aduce ‘incapacidad para gobernar’ del maestro rural devenido a gobernante y quien lleva solo ocho meses en el poder. Su inexperiencia política, evidenciada en cuatro gabinetes en tan corto tiempo por nombramientos de personas cuestionadas o investigadas, así como las recientes acusaciones de corrupción en su contra por reuniones fuera de palacio con empresarios antes de otorgar contratos petroleros han disparado el descontento de dirigentes políticos y ciudadanos del común. Incluso hay rumores en Lima sobre inconformismo castrense.

Perú vuelve así a volver un momento crucial. Observadores imparciales consideran que el gobierno está a punto de caer. Así retorna la incertidumbre en un país que parece habituarse a la inestabilidad política.