- Más municipios en calamidad pública
- Urge una mayor movilización estatal
La intensidad de la temporada invernal en Colombia crece día tras día. Los aguaceros torrenciales han generado contingencias de distinta gravedad en casi 700 municipios. Aunque el sistema nacional de prevención de riesgos y desastres ha tratado de atender esa multiplicidad de eventos, en algunos casos es evidente que la capacidad de reacción está al límite.
Semanas atrás había más de 130 municipios de 10 departamentos que habían declarado el estado de calamidad pública por la crisis invernal. En vista de que el volumen de lluvias, derrumbes, inundaciones y afectaciones a viviendas e infraestructura aumenta día tras día, ese listado ha ido creciendo. Lamentablemente la cifra de muertos, heridos y damnificados también.
Tanto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como el Ideam han advertido que octubre será el mes más crítico de esta segunda temporada invernal del año, que en algunas regiones registra niveles de precipitaciones por encima del 20%, 30% y hasta del 40% frente a los promedios históricos. Como se sabe, la persistencia del fenómeno climático de La Niña es un factor que agrava la intensidad de las lluvias así como de las bajas temperaturas.
Aunque los gobiernos en sus esferas Nacional, regional y local están movilizando una cantidad importante de recursos logísticos, humanos y financieros, no son pocos los gobernadores y alcaldes que urgen que se acuda a un estado de emergencia económica, social y ambiental para hacer frente a esta difícil coyuntura. Esa posibilidad, si bien alcanzó a ser contemplada semanas atrás por el Ejecutivo, sigue todavía en estudio y no faltan los expertos que consideran que no es la solución más práctica en estos momentos, cuando lo que se requiere es una mayor movilización de recursos humanos y técnicos hacia las regiones más críticas. De hecho, ya se ha habilitado presupuesto extraordinario, el último una partida de más de 350 mil millones de pesos, para fortalecer el sistema de prevención y atención de desastres.
Pero no solo es la crisis invernal en sí, en donde es claro que la prioridad es disminuir al máximo la pérdida de vidas y la afectación poblacional, sino sus consecuencias en otros flancos. Por ejemplo, ya varios gremios agropecuarios han advertido que el incremento de las lluvias está empezando a afectar el ciclo de cosechas y producción de los cultivos, lo que seguramente se convertirá en un factor adicional de presión inflacionaria en momentos en que el costo de vida está disparado, al punto que cerró septiembre en 11,4%.
De otra parte, el sector del turismo ya prendió las primeras alertas tempranas sobre la afectación que se pueda tener en el remate del año, ya que las lluvias irán hasta finales de diciembre e incluso comienzos de enero. Es decir, que coincidirán con la temporada vacacional y las festividades navideñas y de cambio de año.
No menos preocupante es el efecto de las fuertes lluvias en la seguridad vial. Como lo indicamos días atrás en estas páginas, lamentablemente la siniestralidad en las carreteras este año ha sido muy alta. Se requiere, por tanto, redoblar los operativos y retenes de las autoridades así como las campañas de concientización a conductores, pasajeros, peatones, ciclistas y motociclistas para que transiten con máxima precaución ante el riesgo de trancones, inundaciones, derrumbes, afectación de puentes y daños a la banca de las vías.
Como se ve, la emergencia invernal se agrava día tras día. Las gobernaciones y alcaldías deben incrementar el trabajo en distintos frentes. Hay denuncias de deficiente atención a damnificados en algunas zonas del país, en tanto que en otras las comunidades advierten que la destinación de recursos extraordinarios se demora por trabas burocráticas e incluso asomos de politiquería y corrupción. Los entes de control tienen que activar un plan de vigilancia urgente para intervenir y aplicar correctivos inmediatos y efectivos.
Si bien no se prevé que esta temporada invernal genere una catástrofe como la ocurrida en 2010-2011, que dejó más de 10 billones de pesos en pérdidas materiales y un alto saldo fatal y de damnificados, es evidente que el cierre de 2022 será muy complicado en materia climática y, por lo tanto, es necesario redoblar todos los esfuerzos oficiales para hacerle frente, sobre todo porque los efectos del cambio climático son cada día más lesivos, un factor que no era tan drástico una década atrás.