*Evitar ideologización y anacronismo

*Cualificación docente, premisa clave

La educación asoma como uno de los sectores claves en el arranque de la segunda legislatura. De hecho, ya el Ministerio del ramo puso sobre el tapete las primeras versiones de los proyectos que piensa radicar en el Congreso.

El primero es una propuesta de ley estatutaria que busca regular la educación como derecho fundamental, incluso ya no entre los 5 y 18 años, como lo señala el mandato constitucional, sino a partir de los 3 hasta los estudios universitarios. El objetivo primordial es acompasar el sistema a los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. Para ello plantea fortalecer todos los niveles de instrucción, desde la educación preescolar, la básica y la coordinación de la media con los estudios superiores. Todo ello con estrategias adicionales para adultos, reclusos y comunidades étnicas. Finalmente se propone crear, como elemento opcional, una especie de grado doce que permita una mejor articulación entre el bachiller y las universidades.

La otra apuesta legislativa se refiere a la reforma a la Ley 30 de 1992, que regula todo lo relativo a la educación superior. Aquí se busca ajustar muchos aspectos referidos al financiamiento de la universidad pública, el bienestar universitario, la interculturalidad, la autonomía y el rol que tienen la calidad, la inspección y la vigilancia en esta instancia académica.

La idea del Ministerio es que estos dos articulados comiencen a ser analizados por distintos sectores del país con el fin de construir la versión más ajustada a las realidades que requiere el sistema educativo en nuestro país.

Para nadie es un secreto que hay muchas deficiencias, no solo en cobertura sino, sobre todo, en cuanto a la calidad de la instrucción que se imparte en Colombia. El deficiente rendimiento de los estudiantes de nuestro país en las pruebas internacionales estandarizadas evidencia que hay rezagos en cuanto a ciencias naturales, matemática y lectura crítica. Por igual, las brechas entre la educación en zonas rurales y urbanas son muy grandes, así como entre las instituciones públicas y las privadas. Como si fuera poco, es sabida la oposición de los sindicatos del sector oficial a los mecanismos para evaluar la calidad docente y establecer rutas para una mayor actualización pedagógica y cualificación del talento humano profesoral.

Este diario ha venido consultando a varios expertos del sector educativo sobre las que deben ser las prioridades de la reforma. Para algunos rectores universitarios y centros académicos lo primero a evitar es que las modificaciones terminen imbuidas en una peligrosa ideologización de corte izquierdista y anacrónico, lo que ya ha ocurrido con otros proyectos claves de este Gobierno. También se advierte la necesidad de vigilar que los ajustes no se inclinen por imponer una estatización del sistema que limite la participación y el dinamismo de las instituciones e iniciativa privada, cuyo rol ha sido determinante para elevar la calidad de la formación académica a todo nivel en nuestro país.

La tesis de pasar de la educación como servicio público a derecho fundamental tiene muchas implicaciones. Es claro que deben preservarse la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, pero igualmente no puede permitirse que nuevas competencias de cogobierno y participación estudiantil en la administración y toma de decisiones de los claustros de educación superior terminen inmovilizando las instituciones. Los roles sindicales tienen que ser equilibrados y los mecanismos para el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes no pueden afectar la calidad misma académica. Se entiende, asimismo, que Colombia requiere un sistema más exigente en cuanto a la evaluación docente, fortaleciendo los esquemas de acreditación institucional. Es imperativo también incrementar los mecanismos de apoyo para especializaciones, maestrías y doctorados en nuestro país y el exterior. No pocos expertos recomiendan una articulación más eficiente y natural entre oferta académica y requerimientos de mercado laboral. Finalmente, la irrupción de la inteligencia artificial y de otros avances tecnológicos debe ser enrutada para aprovechar todas sus potencialidades y esquivar, de paso, los efectos lesivos de su mal uso por profesores y estudiantes.

Como se ve, es claro que el país necesita una modernización del sistema educativo. Se trata de un asunto de alta importancia que no puede ser apresurado por urgencias políticas ni gubernamentales. Menos aún contagiado de pulsos ideológicos. Reglamentar el derecho fundamental a la educación y reformar el marco normativo de la instrucción superior es un asunto que debe analizarse de forma seria, objetiva y escuchando a todos los sectores. Ese es el gran reto de los proyectos presentados esta semana. Si no se sigue ese norte, el riesgo al que se expondría a las presentes y futuras generaciones sería muy alto.