* El confuso caso de candidatos revocados
* Improvisadas propuestas gubernamentales
A cuatro días de los comicios regionales y locales en las que los colombianos están citados para escoger a 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles, la organización electoral está generando una honda preocupación.
Ayer, pese a que estamos ad portas de la cita en las urnas y a que todo el material electoral está impreso, incluyendo obviamente los tarjetones en los que la ciudadanía debe marcar a los partidos y candidatos de su preferencia, todavía estaban en vilo una serie de candidaturas, incluyendo a gobernaciones y alcaldías capitales. Muchos de los aspirantes a los que el Consejo Nacional Electoral les confirmó la revocatoria de su inscripción seguían acudiendo a recursos legales de última hora, incluyendo acciones de tutela, para buscar la posibilidad de no quedarse por fuera de la competencia el próximo domingo.
Más alarmante y riesgoso para la institucionalidad democrática que muchos de esos candidatos insistían en pedir a sus eventuales electores que votaran por ellos, esto bajo la promesa de que una vez pasados los comicios instaurarán más pleitos jurídicos, incluso en instancias foráneas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en aras de hacer validar su posible elección a cargos uninominales o en cuerpos colegiados.
De hecho, para muchos aspirantes y la misma ciudadanía no era clara la instrucción del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría nacional en torno a que los jurados el próximo domingo deben contabilizar los votos que los ciudadanos depositen a favor de los candidatos a quienes se les revocó su inscripción y consignar los resultados en las actas de escrutinio (formulario E-14). Esto bajo la premisa de que “serán las comisiones escrutadoras las que determinen la validez de dichos votos”, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CNE en circular de este martes 24 de octubre.
Para algunos expertos en legislación electoral, si ya hay normatividad y jurisprudencia que determina que dichos sufragios no son válidos, permitir su contabilización solo lleva a que el ciudadano, en la práctica, termine dilapidando su voto y, más aún, su derecho a elegir.
Pero no es el único vacío que estando a cuatro días de las urnas se evidencia. A última hora, como un mago que saca sorpresivamente una carta de su manga, el Gobierno propuso la posibilidad de pagar recompensas a quienes denuncien la compra de votos. Más allá de qué tan válido sea dar incentivos económicos por lo que, en realidad, es un deber civil de cualquier ciudadano, resulta absolutamente improvisado que una medida como esta se ponga sobre la mesa estando al borde de las urnas. Si se iba a proceder en ese sentido como fórmula para combatir no solo este delito sino todas las infracciones contra el sufragio (trashumancia, participación de funcionarios públicos en proselitismo o uso de bienes y presupuesto oficial con el mismo fin), debió anunciarse y planificarse todo el procedimiento a tiempo.
Igual ocurrió con la intempestiva denuncia que hizo la semana pasada el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, al poner un manto de duda sobre más de medio millar de candidaturas a alcaldías y concejos por posibles inhabilidades relacionadas con la contratación pública. Más allá de cuál sea la certeza o no de lo advertido por el alto funcionario, resulta claro que debió pronunciarse mucho antes y poner en conocimiento esa información tanto de la organización electoral como de los entes de control.
Y qué decir de las controversias que se han registrado en los últimos días por las denuncias de la Misión de Observación Electoral sobre graves vacíos en materia de control a la financiación de las campañas o la persistencia de la violencia de distintos actores criminales contra candidatos y partidos. No menos polémica resultó la insólita propuesta de un cabecilla de un grupo residual de las Farc en torno a que la Fuerza Pública no entrara a determinados territorios para custodiar el operativo electoral y que esa labor se dejara a instancias comunitarias o indígenas. Incluso, un accidentado decreto del Ministerio del Interior en torno a cómo debería ser el cubrimiento periodístico de la jornada del domingo generó una fuerte protesta de los medios de comunicación por considerar que se estaba coartando la libertad de prensa.
Lamentable y preocupante que un operativo que, se supone, está delineado, con fechas y todo el andamiaje logístico, jurídico, presupuestal y normativo desde el año pasado, terminara en semejante y grave desorden a cuatro días de las urnas. Toda una mácula para la institucionalidad y la transparencia democrática.