* Una ministra competente
** La lectura de Foucault les haría bien
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, desde su posesión ha mostrado inquietud por el pavoroso hacinamiento carcelario en el país, por lo que ha efectuado algunas visitas de sorpresa a los reclusorios. Según declaraciones que dio a la salida de la cárcel de Bellavista, dado el horror en el cual viven los prisioneros estudia con sus asesores las medidas conducentes y prácticas para descongestionar las cárceles. Entre sus propuestas está crear brigadas jurídicas con las dependencias del ramo, las que deberán estudiar cuidadosamente cada caso para establecer bajo qué condiciones algunos de los condenados y según sus delitos tendrán derecho a los beneficios de la libertad, entre otras cosas para que se vayan acostumbrando a reincorporarse a la vida en sociedad.
En algunas de las cárceles del país se llega a extremos inenarrables de degradación, dado que los prisioneros jóvenes y en algunos casos inocentes son cautivos de bandas que operan dentro de los muros de las prisiones, siendo vendidos a otros reclusos y ultrajados por años, lo mismo que se han dado casos de jovencitas que los visitan y también son comercializadas y obligadas a yacer con los reclusos a cambio de no asesinarlas o no quitarle la vida a su pariente o amigo. ¿Qué clase de bestias sedientas de venganza puede producir semejante trato, en un medio en el cual al castigo de la privación de libertad se agrega toda suerte de penalidades, humillaciones y maltratos, más enfermedades como el Sida, que se extiende cual contagiosa plaga? Y desde algunos de esos establecimientos se ordenan delitos que estremecen a la sociedad, junto con varias cadenas de extorsiones que en algunos casos han sido desarticuladas por las autoridades. Los penales de mayor hacinamiento son verdaderas calderas del diablo en donde se enseñan todas las modalidades de la criminalidad.
La ministra Correa Palacio, quien en vez de ir a lucirse en el Congreso y dar declaraciones rimbombantes para salir en los medios, prefiere visitar las penitenciarías y conocer de primera mano hasta donde le es posible la situación de estos lugares, en los cuales el sobrecupo y la enfermedad se mezclan como caldo de cultivo para transformar a los hombres en fieras, la lleva a intentar desactivar la bomba de tiempo que se está armando en las prisiones colombianas y que puede llevar a extremos como los de Sao Paulo en Brasil, donde los prisioneros dirigidos por un audaz mafioso pusieron en jaque al Gobierno, o en Venezuela, en donde en las prisiones ya no se cuentan los muertos. Si Oscar Wilde, que desfallece de pena moral encerrado en las sombrías cuatro paredes de la cárcel de Reading, conmovió a la gente culta con sus desgarradoras observaciones sobre el tétrico lugar al que lo llevó la represión social, en una de esas cárceles nuestras habría muerto de pena moral y espanto.
Pese al hacinamiento, a cada nuevo delito, a cada presión popular por la comisión de alguna fechoría que sale en los medios de comunicación, de inmediato aparecen en el Congreso legisladores sin el menor conocimiento jurídico chillando y pidiendo cadena perpetua para hechos que normalmente tienen previsibles penas en el tiempo según la gravedad del caso. Y las barras aplauden. Sería oportuno que algún buen samaritano les hiciera llegar la obra de Michel Foucault Vigilar y Castigar, para que entiendan mejor los fenómenos sociales, dado que con su ceguedad poco ayudan a resolver los problemas.
La moral cristiana occidental en la que nos formamos defiende la dignidad humana; y son españoles, como los sacerdotes y notables tratadistas Francisco de Vitoria o Francisco Suárez, los padres del derecho de gentes y protectores a ultranza de la dignidad humana, siglos antes de que los europeos de la Ilustración se ocuparan en los derechos humanos. Ellos entendían de la gradualidad de la pena según el delito y la comisión del mismo. Lo que no pueden ignorar quienes fabrican en nuestro país las leyes y creen que los problemas sociales se resuelven en exclusiva a palos y represión. Es de resaltar que el recién nombrado defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se aboca al problema de la ominosa degradación social, la enfermedad y la sobrepoblación en las prisiones, solicitando que los enfermos terminales sean trasladados a sus casas.