“Lo que mal comienza, mal acaba”. Ese es uno de los refranes más conocidos en el país y su enseñanza cae como anillo al dedo frente a todo lo que rodeó el hundimiento del proyecto de acto legislativo de reforma política, la noche del lunes en la plenaria del Senado, en el último día de sesiones ordinarias de este primer tramo de la tercera legislatura.

Es la segunda propuesta típicamente gubernamental para modificar el sistema político y electoral que fracasa en este cuatrienio. La primera fue radicada en septiembre de 2022 y logró superar rápidamente los primeros cuatro debates antes de mediados de diciembre, pese a que desde distintos sectores se advertía que varios de sus artículos afectaban directamente la separación e independencia de poderes, limitaban la capacidad de la Procuraduría para destituir a funcionarios de elección popular e incluso abría paso a que congresistas fueran designados ministros, entre otras ‘perlas’.

Sin embargo, cuando arrancó el quinto debate en la Comisión I del Senado era tal la cantidad de ‘micos’, la mayoría impulsados por el Pacto Histórico, que al Gobierno y su coalición no les quedó más remedio que abjurar de su propia reforma, lo que llevó al hundimiento de una iniciativa que evidentemente amenazaba el orden democrático, político e institucional.

No hay que olvidar que, por entonces, la coalición mayoritaria oficialista empezó a fracturarse, sobre todo por la negativa de la Casa de Nariño a concertar los polémicos proyectos de reforma laboral, pensional y de salud, cuyo trámite finalmente dinamitó ese bloque multipartidista.

Tras el cambio del primer ministro del Interior (Alfonso Prada), su sucesor (Luis Fernando Velasco) no insistió en el proyecto de reforma política, menos aún con las elecciones regionales y locales de octubre de 2023 a la vista. Se pensó, entonces, que el tema quedaba archivado, salvo por las iniciativas que en ese sentido radicaron algunos parlamentarios de distintas bancadas, con temas como las listas únicas y cerradas, ajustes al Consejo Nacional Electoral, paridad de género, regulación más eficiente de la financiación de las campañas, nuevo régimen de partidos, cambios en las edades para ser congresistas, voto obligatorio, límites a los periodos en los cuerpos colegiados, cambios en las facultades electorales del Congreso… En fin, una especie de ‘Torre de Babel’ en la que no había un norte claro sobre el sistema a implementar. En medio de la polarización y el cruce de señalamientos en torno a que muchas de estas iniciativas defendían intereses particulares gubernamentales y de los partidos, ninguna progresó.

Y, como si lo anterior fuera poco, en agosto pasado la Corte Constitucional declaró inexequible, por vicios de forma, el proyecto de ley estatutaria que ajustaba el Código Electoral. La iniciativa fue presentada en agosto de 2022 por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, con el apoyo del Ministerio del Interior y los presidentes de Senado y Cámara. La propuesta fue acumulada con otras en trámite y finalmente aprobada al cierre de la primera legislatura, en junio de 2023. Paradójicamente, ya en abril de 2022 una reforma similar, aprobada por el Parlamento durante el mandato de Iván Duque, también fue ‘tumbada’ por el Alto Tribunal debido a errores en el procedimiento parlamentario.

Cuando se creía que ya durante este Gobierno no se presentaría una nueva propuesta de reingeniería política y electoral, en septiembre pasado el nuevo titular de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó sorpresivamente un proyecto de acto legislativo que, si bien recogía varias propuestas ya conocidas sobre listas únicas y cerradas, financiación de campañas preponderantemente estatal, paridad de género, democratización partidista y otras por el estilo, también incluía aspectos que, según las colectividades independientes y de oposición, favorecían claramente los intereses de la coalición gobiernista de cara a los comicios presidenciales y parlamentarios de 2026. De igual manera, se acusó al Ejecutivo de querer ponerle cortapisas a la investigación del CNE sobre las presuntas anomalías en la financiación de la campaña petrista de 2022, pesquisas ya avaladas por varias sentencias de los altos tribunales.

Aunque este proyecto gubernamental alcanzó a ser depurado en los primeros tres debates en varios temas clave y así llegó al cuarto, en la ponencia para este último volvieron a aparecer ‘micos’ al por mayor, incluyendo el transfuguismo permanente y otras gabelas para favorecer la estrategia electoral de la coalición gobiernista… ¿El resultado?: el previsible fracaso de la iniciativa, a tal punto que ni siquiera llegó a ser discutida, pues el quorum se disolvió con anterioridad. Como se dijo al comienzo: lo que mal comienza…

Lo más grave de todo lo anterior es que llevamos varios años viendo naufragar intentos de reforma a un sistema político y electoral con múltiples, sobrediagnosticadas y peligrosas falencias. Sin embargo, el clientelismo y otros vicios de gobiernos y congresos de turno siempre frustran ese anhelo de transparencia democrática.