No es menor la controversia generada por las obras que grupos ilegales, como las disidencias de las Farc, están construyendo e incluso ‘inaugurando’ en algunas zonas del país, convocando, además, a eventos públicos y realizando toda una puesta en escena en donde los insurgentes están armados y uniformados, sus cabecillas pronuncian sendos discursos, enarbolan banderas y hasta entonan himnos de las facciones subversivas, entre otras situaciones claramente anómalas.

Se trata de circunstancias muy lesivas para la legitimidad y vigencia del Estado Social de Derecho. Que un grupo armado ilegal se abrogue la facultad de hacer una obra ‘pública’ como una escuela, un puente o una carretera, incluso ‘bautizándola’ con nombres de personas con pasado criminal, no solo es lesivo para la soberanía institucional, sino que evidencia que hay algunas zonas en donde los delincuentes tratan de desplazar el imperio de las autoridades democráticamente constituidas.

Aunque el ministro de Defensa sostuvo ayer que, en el caso de un pequeño puente en la estratégica zona del Cañón del Micay, en el Cauca, lo que pasó es que los guerrilleros se ‘apropiaron’ de una obra construida por un esfuerzo comunitario y se aparecieron a la hora de las fotos del evento de inauguración, no deja de ser irregular que estos grupos criminales puedan estar campantes en un evento público en el que, por sana lógica, deberían estar presentes las autoridades civiles y policiales para garantizar la seguridad, más aún en una región que es escenario en los últimos meses de fuertes combates entre la Fuerza Pública y reductos del llamado ‘Estado Mayor Central’.

Este y otros casos en donde los ilegales tratan de demostrar dominio territorial ante una población muchas veces atemorizada y obligada a asistir a estos actos irregulares, son muy graves, tal y como lo advirtieron dos excomisionados de paz y un experto en conflicto armado, según el informe publicado en nuestra edición de ayer.

No pocas veces hemos denunciado en estas páginas que los grupos armados ilegales, sobre todo aquellos que están en acuerdos de cese el fuego bilateral o unilateral, están aprovechando las limitaciones en el accionar de la Fuerza Pública para fortalecerse militarmente y amedrentar a una población inerme, imponiéndole supuestos ‘códigos de conducta’ con el fin de evidenciar que son quienes mandan en estas regiones. Este asunto de obras que construyen o inauguran los subversivos, es un paso más en ese objetivo, situación que el Estado no puede seguir permitiendo bajo ninguna circunstancia por el riesgo soberano e institucional que implican.