- A un año de urnas, alud de reformas en trámite
- Cambian reglas de juego en medio de campaña
La cuenta regresiva para la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles ya comenzó. Dentro de un año y dos semanas se deberá asistir a las urnas para renovar los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales, razón por la cual ya hay muchos posibles candidatos que han empezado a renunciar a cargos públicos y contratos para evitar quedar incursos en infracciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. De igual manera, la mayoría de los partidos y movimientos políticos comenzó a maniobrar en las regiones para sentar las bases de la campaña proselitista. Las barajas de eventuales aspirantes a cargos uninominales y cuerpos colegiados empiezan a multiplicarse, en tanto que los analistas sostienen que la competencia por el poder regional, tras el mapa político derivado de los comicios parlamentarios y presidenciales de este año, será muy intensa.
Sin embargo, hay un flanco en el que se comienzan a prender alertas tempranas. Se trata del referente a la normatividad electoral, ya que en el Congreso cursan varios proyectos de ley ordinaria y estatutaria, así como de reforma constitucional, que plantean modificaciones a la financiación proselitista, el horario de votación, la propiedad estatal del software de preconteo y escrutinio de sufragios y el sistema de incentivos para sufragar. De igual manera, se proponen ajustes en cuanto al otorgamiento de los avales, la confección de las listas cerradas y con equidad de género, la eliminación del voto preferente, más mecanismos de democracia interna en los partidos, obligatoriedad de las consultas, correctivos al esquema de conflictos de interés, nuevas condiciones para trasladarse de colectividad y un límite de periodos para estar en asambleas y concejos, entre muchos otros cambios.
Si se suman las propuestas contenidas en el proyecto de reforma política, que es el más adelantado (pasó a tercer debate, de los ocho requeridos); en la reforma al Código Electoral (radicada por el Gobierno y la Organización Electoral con mensaje de urgencia), así como en otras iniciativas parlamentarias que apenas comienzan su trámite, es claro que el cambio en las reglas de juego para los comicios regionales y locales del año entrante sería muy drástico. Sin saberse, por obvias razones, cuáles de esos ajustes serán finalmente aprobados por el Congreso, en qué año entrarán en vigencia (2023 o 2026) o si se necesitaría algún tipo de reglamentación adicional o podrán aplicarse de manera automática, es evidente que la contienda proselitista arranca en medio de la incertidumbre sobre cuál será el marco normativo al que deben atenerse partidos, aspirantes y la propia ciudadanía.
Esa es una circunstancia lesiva a todas luces. No es sino recordar lo que pasó en la campaña para elegir Senado y Cámara, que estuvo marcada por el limbo debido a la demora de la Corte Constitucional en emitir el fallo sobre la reforma al Código Electoral aprobada a finales de 2020 en el Congreso. Al ser una ley de carácter estatutario, necesitaba revisión previa del alto tribunal para entrar en vigencia. Al final, tras muchos meses de expectativa, los comicios parlamentarios se llevaron a cabo en marzo pasado bajo las reglas del viejo Código (que data de 1986) y el fallo constitucional solo se conoció en abril, con el agravante de que el acto legislativo fue declarado inexequible por vicios de trámite.
Visto todo lo anterior, es imperativo que el Gobierno y el Congreso le den al país una señal clara sobre cuáles serán las reglas de juego definitivas de la campaña para escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. La incertidumbre al respecto no solo debilita la transparencia democrática y la institucionalidad electoral, sino que se convierte en una especie de patente de corso para perpetuar anomalías como la politiquería, el clientelismo partidista, los delitos contra el sufragio y otra serie de defectos por todos conocidos que, sin duda, contribuyen a aumentar la desconfianza ciudadana en el sistema político para escoger a los mandatarios más cercanos y con mayor impacto en el día a día de la población.