EN  el informe sobre corrupción de Transparencia Internacional, queda Colombia muy mal. Es decepcionante que con todos los esfuerzos del gobierno de Juan Manuel Santos, por mejorar la administración pública y fomentar las buenas costumbres entre los particulares, la corrupción siga creciendo silvestre, como la hidra. El Régimen que denunció Álvaro Gómez, después de su muerte, con el asesinato en la impunidad, como que extendió sus tentáculos y está más fuerte que nunca. Uno de los motores más poderosos de la corrupción de la democracia depende del sistema electoral. La elección de gobernadores y alcaldes se ha convertido en el terreno predilecto de los corruptos para apoderarse del gobierno de las ciudades y de los Departamentos. Se valen de sumas multimillonarias  para alcanzar el poder local, con la finalidad de gobernar sin escrúpulos  y disponer a su antojo  de la burocracia, de los contratos de ejecución de obras públicas y de servicios. Lo que ha dado lugar a las modalidades más sofisticadas de asalto al Tesoro Público, lo mismo que por esa  vía se mina la disciplina y la estructura  de los partidos políticos. Son tan poderosas las fuerzas oscuras del Régimen, que consiguen manipular la opinión pública y penetrar los movimientos cívicos hasta corromperlos y ponerlos a su servicio, son pocos los Departamentos y las ciudades que se salvan de ese proceder del Régimen que degrada la administración y atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos. Mientras los partidos de orden, en especial el Partido Conservador, no se decidan a combatir con todas las fuerzas la corrupción seguirá progresando esa plaga, como la peor enfermedad de la democracia colombiana en el siglo XXI.

Transparencia Internacional, como lo han reseñado los medios de comunicación, sin el menor asomo de sorpresa, en su  informe anual sobre percepción de corrupción y los indicadores de Colombia, nos deja por el piso:  en una medición de 0 a 10, el puntaje sólo llegó a 3,4. Lo que significa que entre  183 países que son medidos por la organización, ocupamos el puesto 80. Elizabeth Ungar, directora ejecutiva de la Corporación Transparencia por Colombia, está decepcionada con  los escándalos de corrupción que casi a diario afloran en Colombia y se quedan en su mayoría en la impunidad.  Lo peor es que existen toda clase de precauciones administrativas y esfuerzos por parte de los organismos de control para derrotar la corrupción y la misma sigue campante, como ciertos roedores que desarrollan anticuerpos para digerir alimentos contaminados en los basurales. Entre las gentes decentes se extiende el temor de la inoperancia del Estado frente a las continuas denuncias sobre corrupción que se acumulan en la Fiscalía y los juzgados. Pese a los escándalos que sacuden a la opinión pública, al poco tiempo otras denuncias de desfalcos mayores hacen pasar al olvido esas trapisondas. Y la impunidad  del Régimen prevalece.

El largo paro judicial que hemos padecido por estos días ha sido mortal para la eficacia de la justicia en Colombia, los términos de procesos importantísimos se vencieron, personas inocentes no han podido salir en libertad, miles y miles de colombianos  han visto hundirse sus juicios y la denegación de justicia ha trastornado litigios  de la mayor importancia. Hablar de transparencia en tales circunstancias es absurdo. Vamos por el precipicio de la creciente ineficacia del Estado en todos los campos, en particular en cuanto al atraso judicial. Con la tutela y el aumento de los delitos, como por la politización de la justicia, la misma cojea. La inoperancia y la acumulación de expedientes determinan que ni los más capaces de los jueces, ni los mejor intencionados puedan poner en orden sus despachos, los expedientes se acumulan como un monumento a la desidia  estatal. Mientras crece la corrupción se debilita la eficacia de la justicia, lo que incide en la degradación de la misma.

Es común que algunos funcionarios sostengan que los organismos de control no funcionan por falta de recursos y resulta que cuando los tienen, no siempre los emplean debidamente. Los casos de nómina paralela y de parásitos al servicio burocrático lo demuestran, así como la compra de vehículos por un valor estrafalario que en ocasiones ni se necesitan, más toda suerte de gastos injustificados, para no hablar de los grandes negociados. El sistema está viciado, mientras no se reforme y  existan mecanismos eficaces para salir de alcaldes y gobernadores corruptos, no habrá transparencia y seguirá prosperando el Régimen a contrapelo de los esfuerzos del Gobierno nacional por sofocar el avance de la corrupción.