COMO suele ocurrir con los grandes cambios constitucionales positivos, negativos o de variadas consecuencias, como los moderados de 1910 y el más radical en cuanto a la propiedad considerada como “función social” de 1936, que afectaron la Carta de 1886, apenas con el tiempo muestran sus efectos diversos en la vida colectiva, dando pie en el gobierno de Alfonso López Pumarejo a la Revolución en Marcha, en la que las reformas sociales, que -no fueron extremas- se combinaron con la hostilidad verbal contra el conservatismo, lo que polarizó la política nativa. Fenómeno que coincide con una época de turbulencia política en el mundo por la lucha denodada en las calles y entre Estados de las derechas e izquierdas, que se hizo más violenta a partir del triunfo de la Revolución Comunista en Rusia, la derrota en cadena de la socialdemocracia europea y la aparición del fascismo. Acontecimientos que conducen como en un tobogán a la II Guerra Mundial y que analiza en profundidad el historiador alemán Ernst Nolte.
La presión de las izquierdas contra los nacionalistas españoles y la eliminación de José Calvo Sotelo, exministro del general Primo de Rivera, desatan el pronunciamiento militar y la sangrienta Guerra Civil Española. En Colombia, lo retozos militares fueron sofocados por el gobierno. Y la derecha conservadora, a contrapelo de la dinámica española y europea, estuvo oficialmente durante la República Liberal extrañada del poder. Por entonces, la experiencia de la retención del presidente López Pumarejo en una hacienda cercana a Pasto, mostró su audacia política, el candor militar y el civilismo arraigado entre nuestros soldados, que aceptan la exigencia del gobernante para ganar tiempo, de sugerirles que fuesen a conseguir papel sellado en la ciudad a horas de distancia para oficializar su renuncia.
El magno compromiso de la Regeneración Nacionalista consagrada en la Carta Política de 1886, que se realiza con el concurso de los más talentosos políticos y juristas de los dos partidos históricos comprometidos en el cambio que propicia desde el gobierno Rafael Núñez, apenas su obra es comparable en sabiduría y realismo a la Constitución de los Estados Unidos, como respuesta a los problemas sociales y para constituir un Estado en forma. Núñez traza los lineamientos fundacionales del Estado Moderno en su mensaje a los delegatarios; don Miguel Antonio Caro hace como de domador de leones con su dialéctica y erudición jurídica en el seno del Consejo de Delegatarios. Las consecuencias desastrosas y las benéficas de la Carta de 1991, convocada para demoler el Estado erigido por Núñez y Caro, aún no han llegado a su máxima expresión, pero la anarquía reina desde su promulgación y desde entonces poseemos el rarísimo récord de no haber tenido en el país ni un día de paz.
Al horadar en 1991 las columnas del Estado consagradas por Núñez y Caro, para mantener el orden, el Estado se debilitó en grado extremo. El gobierno perdió las facultades preventivas y coercitivas del democesarismo bolivariano que consagraba en sus inicios la Carta del 86. Con el agravante de que la elección popular de gobernadores agrietó la unidad del Estado, así como la elección de alcaldes en las zonas de violencia ha facilitado el matrimonio morganático entre los alcaldes débiles y la subversión armada, mientras la revocatoria de los mismos, en buena hora consagrada por la Constitución de 1991, se hizo inoperante por las trabas que al reglamentarla le introdujo Humberto de La Calle.
Para colmo, como lo prueba un interesantísimo estudio de ANIF, que corrobora varias de las afirmaciones de El Nuevo Siglo, sobre el encarecimiento nefasto y antidemocrático del ejercicio de la política nativa, muestra que existe un antidemocrático “roscograma” de feudos podridos que operan en las ciudades y provincias del país. El informe señala que la carrera partidista “se ha vuelto cada día más competida en Colombia y sus costos financieros bien pueden oscilar entre los 3.000 millones de pesos para el Senado (frente al tope legal de los 700 millones de pesos) o los 1.500 millones para representante (frente al tope de 500 millones de pesos). Y, en singular esfuerzo de emplear un lenguaje ponderado frente al antidemocrático sistema, agregan: “De hecho los políticos ganadores, ahora sienten que tienen más derecho a usufructuar la burocracia para pagar sus deudas y ello, por supuesto, va en detrimento de la calidad legislativa del país”. La verdad es que por esa vía se ha degradado la política. La más noble de las actividades humanas se ha convertido en negocio -sin reglas- en el cual se da una danza de los millones que sobrepasa en algunos casos de lejos los cálculos de ANIF. Ya no se dice ¿qué ideas y propuestas tienes para ir al Congreso, ni cuáles son tus tesis, sino cuánto oro guardas en las alforjas?