*Una verdadera reforma de la justicia

*Crisis pública, pero también privada

Los  viajes y auxilios parlamentarios y la cooptación en las Cortes fueron los fenómenos que sirvieron de caballito de batalla para proponer y sacar avante la Constituyente de 1991. Así, suprimiendo los primeros y cambiando la forma de elección de los magistrados, sobrevendría una época de redención para el Congreso y la justicia. Pero al contrario, después de 25 años, las cosas son peores y las anomalías de mayor extensión que antes. Una catástrofe institucional que todo el mundo pregona y grita, pero nadie sabe muy bien cómo atacar.

Podría decirse, en aras de algún supuesto consuelo, que en todas las democracias se cuecen habas. Véase no más lo que ocurre con la corrupción de los partidos de gobierno, en Venezuela o Brasil; el asesinato del fiscal Nisman, en Argentina; o los tejemanejes del hijo de la presidenta Bachelet, en Chile. Lo que, sin embargo, no es en lo absoluto placebo para el pasmo que cunde en Colombia por la corrupción. Aquí el problema radica, además, en la sensación de que no solo se cuecen unas habas, sino que hay una cosecha de ellas. Por lo tanto se tiene la certeza de que se ha enquistado, en las altas instancias, una cultura soportada en lo anómalo y distorsivo, una roya que paulatinamente ha invadido el espectro público y privado, cualquiera sea el ejemplo de Interbolsa a Petrotiger  y de allí a la Corte Constitucional, generando pesimismo y desconcierto, que no es exclusivamente solucionable con renuncias. Tanto así como que personajes como Ramiro Bejarano vienen solicitando, de hace tiempo, la revocatoria completa de los magistrados de las altas Cortes.

Inclusive, la exasperación ha llevado a concluir, como se proclama en una revista de prestigio, que en el país hay una crisis de autoridad estatal irremediable. Pero, si fuera el caso, no podría decirse que solo es del Estado. Por el contrario, a los recientes hechos de corrupción en Interbolsa y Petrotiger ya dichos, deben añadirse las acciones que se investigan en relación con la tutela de Fidupetrol en la Corte Constitucional.

 Y de allí al cartel de los pañales y otros productos más. De modo que la empresa privada tiene muchas velas en la crisis, para no hacer incontable la lista. Es decir, que la situación rezuma por ambos ojos: el público y el privado.  

En realidad, Colombia nunca se ha distinguido por tener autoridad ni Estado. Al contrario, desde el exterior suelen sorprenderse de que el país haya podido surgir pese a la carencia de éste. Aquí sinónimo de Estado es el de la tramitología. De resto, es una figura por completo ajena al ciudadano del común, salvo por los subsidios, las regalías o las exenciones tributarias. Pero en general no se percibe como la estructura necesaria para vivir en armonía, lograr los fines de la sociedad e impulsar el bienestar general. Algo, si acaso, se entiende de aquel como el administrador de la justicia y de la seguridad. Todo ello, no obstante, bajo la tesis íntima de que el principio de autoridad es incómodo e irritante. Lo que a su vez demuestra que es un conglomerado excesivamente individualista, poco dado a los esfuerzos colectivos, donde prima el materialismo. Más grave aun cuando, como decía Carlos Lleras Restrepo, hoy el descuadernamiento estatal es, a todas luces, evidente.

Frente a ello la respuesta debe ser inmediata e integral. En la actualidad lo que se necesitaría, ante el descalabro de la justicia, es una pequeña Asamblea como la planteada en 1977 a los efectos, demolida en su momento por la Corte Suprema por algún vicio de forma. Hizo bien después la Constitución de 1991 en abrir posibilidades para convocar Asambleas Constituyentes. En lo que se equivocó fue en confundirlas con la figura de la Asamblea Constitucional. La primera es, ciertamente, omnímoda y omnipotente, con temario abierto, amplio contenido político y refrendación incluida. La segunda, por el contrario, es de agenda puntual, técnica y reducida. Esa precisamente, votada por el Congreso, desprendiéndose de su iniciativa legislativa y sin necesidad de umbrales electorales, seleccionando a su vez los juristas de mayor valía -que desde luego los hay en el país-, es lo que hoy se requiere para una reforma real de la justicia. Si en 1991 se pudo lo más con una Constituyente nacida de un decreto de Estado de Sitio, con más veras en la actualidad una Asamblea Constitucional experta y expeditiva.