* Duro golpe a la candidatura de Arévalo
* Extrema y lesiva judicialización de la política
La democracia en América Latina y el Caribe continúa amenazada. A las maniobras sistemáticas, espurias y lamentablemente impunes de los regímenes autoritarios en Cuba, Venezuela y Nicaragua para anular la oposición y aferrarse al poder mediante la cooptación estatal, la persecución judicial y la represión violenta, se suman algunas circunstancias coyunturales en distintos países que traslucen la intención no solo de afectar la institucionalidad sino de torpedear los procesos electorales para impedir que la voluntad popular se exprese libremente.
Esta semana, por ejemplo, termina con las alarmas prendidas en todo el continente por lo que está pasado en Guatemala, en donde de forma por demás sorpresiva y sospechosa la Fiscalía anunció una investigación contra el partido de uno de los dos candidatos a la presidencia que pasó al balotaje final tras la elección de primera vuelta, realizada el pasado 25 de junio. En esa ocasión los dos aspirantes más votados fueron la exesposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y Bernardo Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), ambos de tendencia socialdemócrata y que, según el calendario electoral, deben enfrentarse el 20 de agosto para definir al sucesor de Alejandro Giammattei, gobernante de centro derecha que termina periodo en enero de 2024.
Sin embargo, la oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral se demoró varios días por cuenta de impugnaciones de algunos de los veinte candidatos perdedores. Inicialmente, un fallo de la Corte de Constitucionalidad obligó a la revisión de resultados y aunque este proceso confirmó a los dos ganadores, tuvo que darse una decisión de la Corte Suprema de Justicia llamando al mencionado Tribunal a oficializar los escrutinios, ya que otras colectividades anunciaron más recursos contra el dictamen de las urnas.
Cuando se creía que ya estaba despejado el camino para la respectiva oficialización de resultados, sobrevino un nuevo problema. Un juez, a petición de la Fiscalía, abrió esta semana proceso formal e inhabilitó al partido Semilla, al cual pertenece Arévalo, por presuntas irregularidades en su inscripción y conformación años atrás. Las pesquisas iniciaron en 2022.
La decisión, como es apenas obvio, impactó todo el escenario político guatemalteco y generó una ola de protestas a nivel nacional e internacional, con Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y Estados Unidos a la cabeza. De hecho, puso en la mira no solo al juez sino al fiscal Rafael Curruchiche, quien había sido sancionado hace un año por Estados Unidos por "obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción" y por "presentar denuncias aparentemente espurias" contra exfiscales anticorrupción.
Tanto Arévalo como otras instancias políticas y jurídicas advirtieron que la inhabilitación partidista era no solo antidemocrática y buscaría sacar de competencia al candidato sorpresa en la primera vuelta, sino que, además, contrariaba la normatividad institucional y electoral que señala claramente que no se puede suspender a una colectividad después de la convocatoria a comicios y hasta que estos se hayan celebrado.
Fue necesaria, de nuevo, la intervención de la Corte de Constitucionalidad, que otorgó el jueves un amparo provisional a Arévalo, revirtiendo la decisión del juez, lo que en la práctica significó que puede seguir en campaña. Sin embargo, ayer la Fiscalía anunció que la investigación penal se mantiene aunque sin afectar el cronograma electoral.
Como se ve, la contienda presidencial de Guatemala quedó inmersa en todo un entramado judicial y político tan confuso como sospechoso. Aunque los resultados de los comicios ya están oficializados y en firme la citación a segunda vuelta el próximo 20 de agosto, es innegable que Arévalo y su partido siguen bajo la lupa judicial, lo que claramente afectará sus posibilidades políticas y electorales. Negarlo sería ingenuo.
Por lo pronto, es evidente que el escenario de la contienda proselitista se trastocó de manera sustancial. Las campañas estaban empezando a sentar las bases de alianzas y coaliciones con distintos partidos, sobre todo de la centroderecha, que lleva tres gobiernos en línea en esa nación centroamericana. Con el partido de uno de los aspirantes sub júdice es claro que su margen de acción para realizar pactos se reduce, aunque en las calles los partidarios de Arévalo siguen entusiastas en torno a lograr el triunfo.
Al final de cuentas, la transparencia democrática es la principal víctima. Sin entrar a establecer la validez o no del soporte probatorio contra el partido Semilla, lo cierto es que todo lo ocurrido tras la primera vuelta evidencia una extrema judicialización de la política en Guatemala, lo que, sin duda, afecta el marco de garantías y transparencia necesario para que la ciudadanía escoja libremente a su próximo gobernante.