EL  presidente Juan Manuel Santos es defensor insobornable de la democracia y de la seguridad jurídica, lo que se comprueba al revisar sus decisiones de Estado. Presuponer que estaría pensando en burlar la Constitución que estipula en su Artículo 276. “El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”, contradice en absoluto el  carácter y trayectoria de demócrata insobornable y respetuoso de la ley. Es un infundio pretender  que  la demora presidencial  en nombrar un candidato para que el Senado de la República escoja de la terna al Procurador, para arrebatarle por la vía de la conspiración y el cálculo político vitando esa función al Congreso y a los partidos políticos de todas las tendencias. Ofenden al Primer Magistrado y los demócratas colombianos quienes pretenden que se tome  los organismos de control o el Ministerio Público.

Como lo ha manifestado el ministro del Interior, Fernando Carrillo: “El Presidente tiene la obligación constitucional de presentar su candidato en la terna al Senado y por supuesto que se va a presentar un gran jurista” y advierte que el Gobierno piensa en  una opción de primera, nada de “un candidato de relleno”. El ministro es un prestigioso abogado conocedor del derecho constitucional y del mandato de la Carta de 1991, fue uno de los promotores de la misma, cuando apenas dejaba los pantalones cortos e irrumpe  como dirigente universitario. Por sus manifestaciones desde que arriba del exterior y se vincula al gobierno Santos, como al  asumir  el Ministerio del Interior, ha demostrado ser un demócrata respetuoso de la Carta Política de 1991, de las instituciones y del Congreso de la República, al punto de distinguirse como defensor a ultranza del equilibrio de poderes, en consonancia con el decálogo sobre el equilibrio de poderes del conde de Montesquieu. Lucubrar  que el ministro Carrillo está en un juego turbio por conseguir, mediante una conjura partidista el control de la Procuraduría, es ofender su lealtad y compromiso democrático para con el gobierno de Juan Manuel Santos,..

Colombia no es una república bananera, desde los días gloriosos del Libertador Simón Bolívar, cuando el pueblo hace  uso de la libertad y sus derechos políticos, al instaurarse para siempre la planta de  la democracia, existe la Procuraduría,  institución emblemática y respetable de nuestro sistema, una de sus columnas vertebrales; incluso, en diversas épocas cuando se daba la dura hostilidad por el poder entre los partidos liberal y conservador, estuvo en manos de elementos contrarios al gobierno de turno. Lo que respetaron, a diferencia de los gobiernos dictatoriales.  Quien ocupe el cargo, si cumple su deber, debe sancionar a los que violan las normas sin importar a que partido pertenecen.  El Ministerio Público  no es fortín partidista, sino de la  probidad y defensa de la pulcritud administrativa.

Es ejemplarizante y memorable el caso del procurador Mario Aramburo Restrepo, le envía un carta admonitoria al presidente Carlos Lleras Restrepo, al proceder oficialmente  por cuenta de una queja ciudadana sobre la violación del Mandatario de la norma sobre la  imparcialidad oficial, por la  indebida intromisión en los asuntos partidistas. Lo que reconoce Lleras. El procurador Alejandro Ordóñez cumple su deber y cuenta con el respaldo del Partido Conservador, de la U y otras fuerzas políticas afines al Gobierno, sería absurdo intentar demoler  una de las columnas que sostiene nuestra democracia en medio de la violencia, las continuas denuncias de corrupción y las delicadas negociaciones de paz, para satisfacer conjuras  delirantes que responden a oscuras  ambiciones burocráticas.

 No sabemos si las declaraciones del vicepresidente del Senado, Guillermo García, son una cáscara o un  globo de ensayo para  medir cómo reaccionan la democracia  y el presidente Juan Manuel Santos, en el supuesto de ignorar la Ley y dar una suerte de golpe de Estado del Ejecutivo contra el Congreso. Para  nombrar un títere de bolsillo en la Procuraduría, por cuanto la Carta del 91 manda y deja implícito la presentación de los nombres para escoger el candidato y conformar la terna con  los nominados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, se ve que desconoce  la trayectoria política del gobernante; su repugnancia a las triquiñuelas, inteligencia política,  carácter  e ideología que se sustentan en  el respeto por los fueros democráticos, los valores, las leyes, la separación de poderes y la voluntad de combatir la corrupción.