El debate en torno a la funcionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) subió de tono esta semana, sobre todo por el choque de criterios que se generó entre la cúpula de esta y el alto comisionado de Paz, quien sugirió la posibilidad de “acotar” el tiempo de vigencia de la misma.

Más allá del cruce de pronunciamientos, lo cierto es que no es la primera vez que se habla de la posibilidad de replantear el funcionamiento de esta jurisdicción. De hecho, en repetidas ocasiones voceros de las organizaciones de las víctimas han advertido que la JEP, que arrancó en 2018, lleva más de seis años de investigaciones y procesos, pero hasta el momento no ha producido la primera condena ni impuesto una sanción a los guerrilleros de las Farc, militares retirados o particulares que incurrieron en delitos graves en el marco del conflicto armado.  

De hecho, los críticos de esta jurisdicción de justicia transicional señalan que pese a ser concebida como un sistema diseñado para garantizar una rápida justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición para las víctimas, ninguna de esas premisas se ha cumplido y, por el contrario, las confesiones, entrega de bienes y delaciones por parte de los sometidos a estos tribunales han sido insuficientes y a ‘cuentagotas’.

También se ha traído a colación que mientras millones de víctimas continúan sin ningún tipo de reparación monetaria, judicial o siquiera simbólica, los victimarios, en especial la cúpula de la guerrilla desmovilizada, han disfrutado de múltiples beneficios económicos, jurídicos e incluso de participación política. De hecho, ya llevan más de seis años ocupando de manera automática diez curules en el Congreso, gabela que tendrán hasta 2026.

Otra de las críticas recurrentes a la JEP es que el avance de los distintos macrocasos abiertos por distintos delitos ha terminado en un complejo proceso judicial que dista mucho de lo que se planteó cuando se ideó esta jurisdicción en el marco de la negociación con las Farc, que desembocó en la firma del acuerdo de paz de 2016.

No faltan quienes advierten que pese a tanto tiempo de funcionamiento todavía persisten conflictos y choques de competencias con la justicia ordinaria e incluso con la propia jurisdicción de Justicia y Paz. Esto porque jefes de los grupos paramilitares que se sometieron a esta última han entrado en la JEP, creando un gaseoso escenario jurídico.

Finalmente, este sistema de justicia transicional ha sido fuertemente criticado por el alto costo de su amplia planta de personal y otros gastos de funcionamiento.

Así las cosas, más que debatir en torno a si la JEP debe funcionar 15 o 20 años, lo cierto es que la discusión debería cursar en torno a qué tanto este sistema, pese a prever incluso penas de cero días de cárcel para máximos responsables de delitos de lesa humanidad, ha cumplido el cometido de centralizarse en las víctimas y no en permitir más gabelas a los victimarios. La idea era sacrificar justicia a cambio de verdad y reparación, pero eso no ha ocurrido.