No deja de sorprender que con la misma velocidad que los críticos del Gobierno se van lanza en ristre cada vez que la guerrilla y otros grupos armados ilegales asestan golpes a la Fuerza Pública, no se reaccione con igual rapidez cuando se producen resultados positivos en la lucha contra la insurgencia, como pasó este fin de semana en Arauca, en donde trece integrantes de las Farc fueron abatidos por las Fuerzas Militares.

La semana pasada, en uno más de sus actos demenciales y violatorios del Derecho Internacional Humanitario, la guerrilla perpetró un atentado en pleno casco urbano del municipio de Pradera (Valle), en donde la explosión de una motocicleta bomba le causó la muerte a un humilde trabajador de la tercera edad, en tanto dejó no pocos civiles heridos y daños materiales de consideración. De inmediato sectores de oposición política y electoral al Ejecutivo advirtieron que lo ocurrido no sólo era prueba de la falta de voluntad de paz de la guerrilla, sino de graves falencias en la política de seguridad gubernamental.

Apenas cuatro días después se produjo el operativo de este fin de semana en donde las tropas le asestaron un duro golpe a uno de los frentes de las Farc más peligrosos en todo el país, al punto que esa facción subversiva le había causado más de una veintena de bajas fatales al Ejército el año pasado en dos cruentos ataques en Arauca.

No se trata aquí de restar gravedad a la acción criminal, bárbara y típicamente terrorista de la guerrilla en Valle, como tampoco de sobredimensionar el ya de por sí importante operativo en la frontera con Venezuela. Lo trascendental, en realidad, es entender que el proceso de paz se está llevando a cabo en medio del conflicto interno y, por lo tanto, que se produzcan ataques de las partes en confrontación es inevitable. Y en medio de ello, los resultados de la Fuerza Pública son muy contundentes. Por ejemplo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrera, indicó ayer que en los pocos días corridos de este año ya se han reportado 40 guerrilleros dados de baja, un número similar de capturados y más de 70 desmovilizados. Incluso en Arauca en el último mes quedaron fuera de combate seis cabecillas subversivos.

La orden presidencial es clara: mantener y aumentar la ofensiva militar en todos los rincones del país. La Fuerza Pública es consciente de que las Farc y el Eln tratan de incrementar su accionar armado con el fin, las primeras, de tratar de fortalecer su postura en la mesa de negociación en La Habana y, el segundo, posicionar frente a un eventual diálogo preliminar. Eso se sabe desde hace varios meses y es claro que tanto las unas como el otro, gracias a la eficiencia de las Fuerzas Militares, no han podido concretar sus objetivos violentos, salvo algunos casos aislados. Esa es la realidad de la guerra.