Insólito, por decir menos, lo que está ocurriendo en la recta final de la campaña para las elecciones regionales y locales. Faltando escasos 10 días para las urnas siguen saliendo informes en torno a candidatos que estarían inhabilitados para participar en la jornada electoral.

El último campanazo vino por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, según el cual hay 553 aspirantes que podrían estar inhabilitados para participar en los comicios de este 29 de octubre, debido a que habrían firmado contratos con entidades públicas durante un lapso prohibido.

El intempestivo anuncio del alto funcionario de la Casa de Nariño generó una reacción inmediata de muchos partidos y movimientos políticos, los cuales consideraron atípico el reporte, ya que no está soportado en un informe oficial de los entes de control. De hecho, se supone, que ya tanto la Procuraduría como el Consejo Nacional Electoral han tomado cartas sobre el asunto en torno a resolver las impugnaciones de inscripción de candidaturas para gobernaciones, alcaldías, concejales, diputados y ediles.

Si bien es cierto que el secretario defiende la pertinencia de su informe, es claro que estando a tan pocos días de la cita con las urnas éste termina siendo, evidentemente, tardío, y pone en riesgo la viabilidad de esas campañas políticas que, legalmente, tienen derecho a seguir adelante hasta que no hay una decisión judicial en firme que determine su salida de la competencia proselitista.

Pero no solo es el caso del informe del secretario de Transparencia. Anteriormente, se ha advertido a través de estas páginas que todavía hay pendientes decisiones del Consejo Nacional Electoral e incluso acciones de tutela en curso interpuestas por aspirantes y ciudadanos que consideran que tal o cuál candidato debe someter su nombre al escrutinio popular el próximo 29 de octubre.

Desdice mucho de la normatividad vigente toda esta insólita situación, más aún cuando el cronograma para toda la campaña se fijó hace más de un año y en el mismo estaba contemplado el plazo máximo para que quedaran resueltas a tiempo las impugnaciones y observaciones que se tuvieran sobre la viabilidad de las respectivas aspiraciones.

Una vez más queda expuesto que la legislación electoral colombiana tiene muchos vacíos y que en la jornada democrática hay una gran cantidad de ciudadanos que podrían estar perdiendo su derecho al voto y no se tuvo una claridad meridiana sobre cuáles aspiraciones eran viables y cuáles no. Lamentable antecedente que, seguramente, dará lugar a muchos pleitos y demandas tras los comicios.