* Defender periodismo de calidad

* Las lecciones del caso Australia

El pasado enero, en medio de la perplejidad por el asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos, Twitter y otras redes sociales decidieron apagar las cuentas del entonces presidente Donald Trump, por su aparente rol en la incitación de los desórdenes. Pocos días después Wall Street vivió una página inédita de sobresalto por inversionistas privados que generaron distorsiones en el valor de varias empresas desde corredores en línea que, motu propio, decidieron detener las operaciones. A finales de febrero, Google y Facebook protagonizaron un duro enfrentamiento con las autoridades de Australia por una ley que los obliga a pagar derechos de autor a los medios de comunicación que producen la información que esos gigantes tecnológicos publican en sus plataformas.

2021 será un año crítico para estas multinacionales de la tecnología que cada vez encuentran más difícil prolongar el inmenso poder de su “capitalismo de la vigilancia”, basado en prácticas comerciales de extracción, predicción y ventas. Lo que, en palabras del sociólogo Shosna Zuboff, está “caracterizado por grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder que no tienen precedente en la historia humana”.

Internet suscitó entusiasmo como fuente para crear riqueza y fortalecer la democracia, debido a su inmenso poder de convocatoria, capacidad para divulgar información e integrar voces nuevas al discurso público. Ha sido útil en todo ello, pero también es fuente de nuevos e inquietantes problemas, como la alteración de la voluntad popular a través de estrategias de manipulación y desinformación.

Para nadie es un secreto el fuerte monopolio de negocios y de oportunidades por parte de las grandes compañías (Facebook, Amazon, Apple, Google y Microsoft), que controlan amplios espacios de la economía, la información, el conocimiento, y con ello acaparan influencia y ganancias en niveles sin precedentes. El año pasado, por ejemplo, tuvieron ingresos por más de 900 mil millones de dólares.

Todo lo logran, en buena parte, gracias a que siempre van más adelante que las legislaciones nacionales y actúan en casi total libertad, sin normas locales o internacionales que las regulen. Esa es la fortaleza que se comienza a derrumbar.

Silenciar las cuentas de Trump marcó un drástico y abrupto cambio de conducta, pues el gran detonante de los debates y cuestionamientos a las redes sociales desde 2016 fue su rol en las elecciones de Estados Unidos ese año, que habría facilitado el triunfo del candidato republicano al permitirle contrarrestar la opinión desfavorable que tenía en medios tradicionales.

El caso de Australia abre un nuevo frente a la legítima aspiración de los medios de comunicación para que les reconozcan derechos de autor por la información que producen y de la cual se lucran las plataformas. Es un asunto complejo que se ha manejado, hasta ahora, caso por caso. En Francia, por ejemplo, Google acordó pagar derechos a 121 medios, pero en España se negaron a hacerlo y cancelaron su servicio de noticias. En Australia abordaron el tema con posiciones aún más drásticas, pero al final cedieron a negociar acuerdos con las principales empresas de noticias en temas como el pago de derechos, compartir ingresos por publicidad y ampliar inversiones para fortalecer la calidad del periodismo. El código impuesto por esa nación da fuerza a las exigencias de las empresas periodísticas locales, es factor de equilibrio ante los gigantes informáticos y se podría expandir a otros países.

Por encima de las afinidades y rechazos que suscita Trump, es alarmante que empresas privadas acaparen espacios considerables del discurso público y se abroguen el poder de acallar voces, algo que en democracia debe estar limitado a decisiones estatales del ámbito judicial. También causa inquietud el tamaño y poder de los monopolios que acumulan billonarios recursos, en buena parte producto de las ganancias derivadas del acceso a la información privada de los usuarios de las plataformas y redes sociales.

Bien lo advirtió recientemente la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von Der Layen: “No podemos dejar decisiones que tienen gran impacto en nuestras democracias y nuestras economías en manos de programas informáticos o en los despachos de Silicon Valley”.

Como se ve, es clara, en general, la tendencia a imponer controles, límites y regulaciones a la actividad de los gigantes de la tecnología. Avanzan acciones en Estados Unidos, China, Rusia y en la Unión Europea para obligarlas a dividirse, esto como una forma de reducir su poder en los mercados. También para llevarlas a pagar más impuestos y observar leyes antimonopolio. En definitiva, para poner fin a una bonanza y al vacío normativo que permitió su desaforado crecimiento y autonomía. Esto como puerta de entrada hacia una sociedad del conocimiento que respete límites, garantice derechos y esté abierta para todos.