* Un presupuesto inédito de $31 billones
* No paran anomalías pese a reformas
En medio de una situación fiscal bastante complicada, que se evidencia no solo en la drástica reforma tributaria que se está tramitando sino en los nubarrones de riesgo recesivo que asoman en todo el mundo, el Estado colombiano planea movilizar entre 2023 y 2024 más de 31,3 billones de pesos a través del Sistema Nacional de Regalías (SNR).
Se trata, sin duda alguna, del presupuesto más alto de la historia y, por ende, ya desde distintos sectores políticos, económicos, sociales, regionales, gremiales e institucionales se han prendido las alarmas en torno a cuáles serán los mecanismos nuevos que la Nación aplicará para evitar que una parte de ese billonario monto termine siendo botín de las redes de corrupción, los carteles de la contratación, el desgreño administrativo y la ineficiencia de los contratistas.
De hecho, luego de que el Ministerio de Hacienda presentara a comienzos de este mes al Congreso el respectivo proyecto de ley para aprobar ese presupuesto bienal, ha venido creciendo un debate en torno a si no es necesario proceder a reformas legales e incluso constitucionales para fortalecer el esquema administrativo y de vigilancia preventiva de estos dineros, que deben estar dirigidos a inversión social, educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología, y ambiente, así como para focalizarse en los municipios más afectados por el conflicto armado y la pobreza.
Las alarmas tempraneras no son gratuitas teniendo en cuenta tres elementos muy puntuales. De un lado, que pese a todos los ajustes para garantizar la transparencia en la asignación y ejecución de estos recursos, las anomalías continúan presentándose. Prueba de ello es el más reciente informe de la Contraloría, según el cual desde el segundo semestre de 2018 hasta junio pasado hubo 1.578 hallazgos con incidencia fiscal, por un valor total superior a los 3 billones de pesos. La Procuraduría también ha alertado sobre múltiples casos de contratos con ejecución deficiente, ‘elefantes blancos’, cuantiosos anticipos en riesgo y grandes sumas congeladas en el sistema financiero. A su turno, no pocas veedurías ciudadanas denuncian que hay mafias enquistadas en muchas gobernaciones y alcaldías que esquilman estos billonarios presupuestos.
Por otra parte, para nadie es un secreto que el país está empezando a entrar en modo campaña para las elecciones regionales y locales de octubre de 2023, lo que aumenta el riesgo de que estos dineros o la asignación de los mismos a determinados proyectos, obras y programas terminen siendo direccionados por maniobras politiqueras en departamentos y municipios.
A ello se suma que, pese a las pesquisas que realizan los entes de control fiscal, disciplinario y penal alrededor de las denuncias sobre presuntas graves irregularidades en los OCAD-Paz en el gobierno anterior, sobre todo en la inversión de altos presupuestos en los 170 municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), todavía no hay claridad en torno a si hubo pérdida de dineros oficiales y quiénes serían los responsables.
Visto todo lo anterior, es entendible que se esté urgiendo que se activen más mecanismos para vigilar el uso de estos recursos. Es claro que hay más herramientas de inteligencia artificial disponibles, así como marcos de acción que permiten –sobre todo a la Contraloría y la Procuraduría– realizar un monitoreo en tiempo real y con ello poder activar correctivos sobre la marcha en las obras y proyectos. Aun así, no cesan las irregularidades y la pérdida de recursos.
Para algunos expertos, se necesitaría ajustar la última reforma a todo el SNR, bajo la tesis de que dio un margen excesivo de discrecionalidad a gobernadores y alcaldes en la postulación de proyectos y asignación de recursos, al tiempo que disminuyó de forma drástica el número y funcionalidad de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Otros analistas consideran que, por el contrario, hay que mantener el esquema general pero aumentar la eficiencia de las instituciones de vigilancia, que sería, en realidad, el flanco más débil. Y no faltan las voces que proponen soluciones más radicales, como volver a centralizar todo el mecanismo de postulación y escogencia de proyectos en cabeza de Planeación Nacional.
Como se ve, son varias las alternativas que se están poniendo sobre la mesa. Cada una tiene sus pros y sus contras. Lo único claro es que urge extremar la lupa sobre esos 33 billones de pesos, so pena de que una parte de ellos termine en manos de los corruptos.