Tras  el escándalo de Interbolsa, en su momento la mayor firma comisionista del país, fueron muchas las deficiencias en los mecanismos de vigilancia y control a las operaciones financieras y bursátiles que quedaron al descubierto.

Desde entonces se han tomado una serie de medidas para tapar aquellos vacíos normativos, de inspección y control temprano que eviten que los operadores de ambos mercados incurran en maniobras  anómalas o riesgosas.

La última de esas medidas fue el decreto que expidió esta semana el Ministerio de Hacienda que, a grandes rasgos, busca garantizar la mayor transparencia en la realización de estas operaciones y que las entidades conozcan en forma íntegra las exposiciones del mercado con cada uno de los clientes.

La norma específicamente se refiere a la regulación de las llamadas operaciones de reporto o repo, simultáneas (de contado y a plazo) y de Transferencia Temporal de Valores (TTV´s). De acuerdo con la cartera de finanzas, el propósito fundamental es limitar el apalancamiento por parte de los clientes de los intermediarios de valores e incorporar regulación que permite restringir este tipo de operaciones sobre valores emitidos por vinculados. También previene que se genere una elevada concentración en valores de una misma especie producto de este tipo de operaciones. Asimismo, establece normas que garantizan la transparencia en la celebración de dichas operaciones, permitiendo una mejor gestión del riesgo por parte de los intermediarios de valores.

Lo más importante es que la nueva normatividad incorpora al mercado local los estándares mínimos aplicables a estas operaciones que se están implementando en nivel internacional. Esta clase de estandarización en las reglas financieras y bursátiles es clave para dar mayor seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros y facilitar la complementación de operaciones internas con las externas al hablar, por decirlo en términos coloquiales, el mismo idioma en materia regulatoria.

Llama la atención que el nuevo decreto fue producto de un proceso de concertación, pues para definir sus alcances e implicaciones se consultó con diferentes agremiaciones, proveedores de infraestructura y miembros de la red de seguridad del sistema financiero para garantizar, según Minhacienda, una normatividad que redunde en mercados financieros más sólidos, seguros y transparentes.

Incluso, el análisis de la nueva norma también se hizo por parte de la recién creada Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio.

Se está avanzando, pues, en la dirección correcta. El caso Interbolsa no se puede agotar sólo por el procesamiento judicial de los presuntos implicados y las gestiones para el resarcimiento del daño económico causado. Debe irse más allá, a la génesis que dio origen al escándalo y allí es obvio que hubo vacíos reglamentarios y de mecanismos de vigilancia e intervención, los cuales deben ser suplidos técnica y objetivamente.