* La escalada delincuencial no se detiene
*Bandazos en estrategia gubernamental
La inseguridad urbana y rural continúa disparada. Así lo evidencia no solo el pico delictivo que a diario sufren millones de habitantes de capitales, ciudades intermedias y una gran parte de municipios, sino también las denuncias de la mayoría de los gobernadores y alcaldes, tanto salientes como entrantes. La Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y otras entidades oficiales y no gubernamentales también alertan que los índices de victimización ciudadana vienen en aumento.
Paradójicamente esos reportes así como las múltiples encuestas que coinciden en que el problema más grave que se enfrenta es el creciente y cada vez más violento accionar de la delincuencia común y organizada, se estrellan con informes como el del pasado 16 de noviembre en donde el Ministerio de Defensa destacaba que los índices de homicidio, hurto y extorsión en Bogotá, Cali, Barranquilla y otras 13 ciudades capitales presentaban una significativa reducción debido a las estrategias de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad en el marco del llamado “Plan Choque 360”. Las estadísticas oficiales daban cuenta de la captura de más de dos mil personas en 429 operaciones realizadas entre el 20 de septiembre y el 4 de noviembre de este año, además, de la incautación de 4.400 armas de fuego. En dicho Plan, como se sabe, se priorizaron 16 centros urbanos con las mayores tasas de asesinatos por cada 100 mil habitantes.
El fin de semana, el Presidente de la República volvió a referirse a este flagelo, esta vez para indicar que Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta concentrarán “las avanzadas de la nueva política de seguridad” gubernamental, basada en “inteligencia policial en profundidad para desmantelar las grandes bandas que crecen, incluso con ayuda de algunos políticos”.
El anuncio generó una serie de reacciones. Por ejemplo, en Cali y otras capitales hubo debate en torno a por qué no se les incluyó en esa focalización si es claro que la tasa de homicidios, masacres, hurtos, secuestro y extorsión está aumentando en esas jurisdicciones. De igual manera, no termina siendo claro si hay una nueva estrategia de seguridad distinta a la lanzada meses atrás o si se trata de una segunda fase del “Plan Choque 360”. Tampoco faltan los expertos que advierten que los resultados de este y otras medidas implementadas no han sido los mejores y prueba de ello es que en la campaña para las elecciones regionales y locales la mayoría de las propuestas de los candidatos giró en torno a cómo enfrentar el pico delincuencial.
Este flagelo también se ve reflejado en la agenda del Congreso. Hay varios proyectos de acto legislativo y de ley que buscan dotar a las autoridades de más dientes para combatir la criminalidad. Se trata de iniciativas que plantean la creación de cuerpos locales de Policía, reformas penales para reducir la reincidencia delictiva, ampliar la red de cámaras de vigilancia urbana, construir más cárceles e incluso se escuchó la intención de un parlamentario de impulsar una legislación que facilite la tenencia y porte de armas. Igualmente, tanto las federaciones de departamentos y municipios como Asocapitales, han puesto sobre la mesa distintas alternativas al respecto.
Incluso, en medio de la crisis en la “política de paz total” y el debate alrededor del cambio del Alto Comisionado de Paz se ha discutido qué tanto están funcionando los acuerdos parciales con bandas criminales y pandillas de alto espectro en ciudades como Medellín y Buenaventura.
Si bien es cierto que se ve un mayor dinamismo gubernamental para hacer frente a la crisis de inseguridad urbana y rural, es claro que se requiere una mejor estructuración de la misma. Se advierten bandazos en materia estratégica y táctica. Las promesas de mayor pie policial no se han cumplido. Igualmente, resulta innegable que la operatividad de la Policía y las Fuerzas Militares se ha visto impactada por los efectos de los cese el fuego con el Eln y las disidencias de las Farc, aprovechados tanto por esos grupos armados como por otras facciones de delincuencia común y organizada para incrementar su accionar ilegal. De igual manera, propuestas del Ejecutivo como las de pagar un subsidio a los jóvenes para que no sigan delinquiendo, amnistiar a los procesados de la llamada ‘primera línea’ o incluso los fallidos proyectos de ‘humanización carcelaria’ y de beneficios amplios por sometimiento a la justicia, han terminado por crear la percepción de una mano blanda hacia los criminales y un escenario proclive a la impunidad… Todo ello se ha traducido en una ciudadanía cada vez más víctima inerme de la metástasis de la inseguridad.