* La defensa de las Fuerzas Militares
* Amenaza creciente de las “disidencias”
Cada día hay más evidencia de que la figura de la moción de censura, antes que un mecanismo de control ejercido con tino y serenidad por parte del Congreso, se ha distorsionado con el objeto de erosionar las instituciones y derivar réditos políticos. No era ese, por supuesto, el propósito de haberla incluido en la Constituyente de 1991, ni mucho menos dedicarla casi con exclusividad al desenvolvimiento de las Fuerzas Militares.
Como bien lo advirtieron algunos de los constituyentes en su momento, al incluir una figura de este tipo se incurrió en una especie de postura ecléctica. De hecho, y a nuestro juicio, en una postura constitucional poco clara. En efecto, se trató de un procedimiento originado en la intención de incorporar ciertas atribuciones propias y características de las democracias parlamentarias en las de una democracia eminentemente presidencial al estilo de la colombiana.
La diferencia, por supuesto, es abismal. Como es sabido, en las democracias parlamentarias se puede producir, con este tipo de censuras a miembros del gabinete (que a la vez son seleccionados de entre los congresistas), un voto de desconfianza al gobierno y bajo esa premisa convocar a elecciones generales a fin de que se decida en las urnas la permanencia o cambio gubernamental. Queda, pues, en manos del pueblo el escrutinio final, bien para que se mantenga la administración o bien para que el partido que venía haciendo las veces de la oposición tome el mando.
Con la moción de censura al estilo de la colombiana, con sus reformas permanentes, si bien se trató de fortalecer al Congreso, se corrió el riesgo de fomentar la interferencia del Legislativo en los asuntos propios del Ejecutivo, entre otras, sus facultades principalísimas para el mantenimiento del orden público, generando una especie de cogobierno. Desde luego, es función fundamental del Congreso pedir explicaciones en las materias que considere convenientes, incluidos todos los aspectos determinantes en la marcha de la nación. Pero, de igual manera, insistir una y otra vez en las mociones de censura sobre el mismo ministro, como el de Defensa, en vista del fracaso de las anteriores, deja inquietudes sobre si lo que se pretende es buscarle la caída a como dé lugar, logrando su remoción, o darle el margen de credibilidad que se requiere para, luego de dadas las respuestas, seguir adelante con sus funciones imperativas.
Mucho más, claro está, en un país donde las Fuerzas Militares no solo tienen como fin prioritario la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, sino que también están obligadas, dentro de sus objetivos esenciales, a la protección del orden constitucional. Todavía con mayor razón, y pese al proceso de paz adelantado por la administración anterior, cuando es un hecho que hoy la guerra se ha desdoblado en diversas facetas, no solo en cuanto al persistente accionar del ELN, sino frente a la continua irrupción terrorista de las múltiples disidencias de las Farc, además de existir al respecto alianzas internacionales y elementos geopolíticos que, en efecto, inciden y afectan gravemente la soberanía colombiana, como es de todos conocido.
Precisamente, la operación motivo del debate sobre la moción de censura del día de ayer, en la Cámara de Representantes, se debió a una acción de las Fuerzas Militares en el Putumayo contra estos grupos con origen en las Farc, que se empeñan en el terrorismo y se han mantenido como una amenaza nacional. Para ello, según el ministro del ramo, Diego Molano, se recurrió a la política de defensa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Y en la operación de infantería se actuó, en concreto, bajo los principios de distinción y precaución, establecidos en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como lo dijo el mismo funcionario y se desprendió del relato ante el hemiciclo de uno de los soldados heridos en el combate.
El ministro, pues, explicó todos los aspectos técnicos del hecho, en el que murieron once personas, entre ellos, y según la Defensoría del Pueblo, algunos sobre los cuales hay que clarificar su situación. Justamente al respecto y tras los testimonios de la comunidad, Molano pidió que la Fiscalía emita rápidamente el informe sobre los civiles que, al estar presuntamente armados o hacían parte de la logística de las disidencias de las Farc, “abandonaron su estatus de protección”, convirtiéndose en objetivo de la operación acorde con el DIH.
En tanto, el ministro logró renovar el voto de confianza en las Fuerzas Militares por parte de la Cámara, según se desprendió de buena parte de las intervenciones de los voceros de las bancadas. No en vano, como también lo dijo el funcionario, “las disidencias son una de las peores amenazas que se ciernen sobre el país”.