Como en tantos asuntos parece que en Colombia tenemos los reflejos retardados en lo que se refiere al medio ambiente, la protección del ecosistema en su rica diversidad, pese a que fuimos de los primeros en la región en aprobar leyes avanzadas en esa materia. Lo cierto es que la minería ilegal existe desde antes de fundar la República. Sobre la manera más inteligente de explotar la riqueza del país, aprovechar los recursos y preservar la naturaleza, el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, hace algunas precisiones cara a cara con María Isabel Rueda en El Tiempo, en las que toca diversos temas de actualidad y se centra en la política del presidente Juan Manuel Santos, en lo que atañe a la locomotora minera y la defensa del medio ambiente.
La periodista, con su estilo frontal, de entrada le pide al ministro Uribe, que esclarezca “¿de qué manera está manejando la colisión natural de su ministerio con las locomotoras minera y agropecuaria?”. La respuesta es tajante, se requiere una política de Estado que involucre los tres sectores, si seguimos con la vieja política de hace cincuenta años “el medio ambiente sería el perjudicado”. Y explica: ”Cuando llegó el boom minero, en el otorgamiento de licencias ambientales no hubo concomitancia con el tema de las licencias ambientales. El Ministerio hasta ahora tiene las herramientas para ello. Se creó la ANLA (Unidad Administrativa Especial de Licencias Ambientales) y apenas estamos empezando a corregir las vicisitudes ambientales del país”. Esos son asuntos legales, manejables, previsibles, en los cuales el Gobierno puede proceder con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales.
En cuanto a las advertencias catastróficas sobre colapso ambiental, como la que hizo en su momento la contralora Sandra Morelli, el ministro reconoce dificultades. Y a su juicio “la peor catástrofe ambiental está en la minería criminal. El principal reto que tiene el país es evitar que se genere una guerra por el oro, por el coltán, por el tungsteno. Que se produzca una africanización y terminemos como en Angola o el Congo. Estamos al borde de esa situación: que la guerra del narcotráfico mute hacia la guerra de la minería. Y para evitar que avance progresivamente la minería ilegal, que provoca desplazamientos masivos y destrucción del medio ambiente, contaminación de los ríos y la multiplicación del flagelo de la violencia en las zonas apartadas del país, en sierras, valles, ríos y selvas, el Gobierno acaba de emitir decretos de protección del medio ambiente. Incluso permite inmovilizar la maquinaria criminal. Y se elevará en una ley que acabamos de presentar a rango de delito por la vía del lavado de activos”. Como complemento de esa política señala que el Ministerio de Minas “está formalizando y titulando a los mineros informales, porque esa minería es de subsistencia, tradicional. El problema de la minería criminal, en cambio, no es solo un tema de orden ambiental, sino de orden público. Utiliza retroexcavadoras y dragas al por mayor y, no paga regalías ni impuestos”. A diferencia del negocio de la droga, “se monetiza mucho más rápido, aunque depreda más el medio ambiente”. Y, agregamos, como se sabe varios de los grupos armados del país periférico se financian en sus distintas zonas de influencia con jugosos recursos que provienen de la ilegalidad minera o de la extorsión a la población que trabaja al amparo de la ley. En esas declaraciones del ministro Uribe está la dimensión de la evolución geográfica y económica de la nueva violencia que se empata con los viejos esquemas de imponer la ley del revólver en miles y miles de kilómetros del territorio nacional. Y de no contenerla ahora, su avance sería como la erupción de lava de un volcán que envolvería medio país.
Resolver los problemas que en sus rasgos generales menciona el Ministro en la primera parte del reportaje, los cuales se expanden a lo largo y ancho de nuestra geografía, en zonas donde los alcaldes son elegidos popularmente, algunos con fondos ilícitos, implica una gran política de Estado. Se trata de consagrar la legalidad y restablecer la soberanía nacional donde impera la ley del más fuerte. Con el agravante de que esos funcionarios elegidos por el voto popular que, en ocasiones pasan al servicio de los carteles ilícitos, no son de libre remoción. Al estar los alcaldes al servicio de las mafias la revocatoria no prospera, ni siquiera las protestas mejor intencionadas. La tenaza de los servidores públicos elegidos popularmente y los violentos, es de las peores amenazas para la democracia municipal y la misma unidad nacional, en cuanto cuenta con dinero para sobornar, poder administrativo y la fuerza local, que hace casi que impensable la revocatoria de los feudos podridos.