Así como en muchas ocasiones se ha criticado la ineficiencia del Congreso o el foco de escándalos en que a veces termina convertido, es justo reconocer cuando sus decisiones se convierten en vehículo de desarrollo y progreso para el país.
Por ejemplo, días atrás se aprobó en último debate y pasa a sanción presidencial el proyecto de Ley sobre Infraestructura, que una vez entre en vigencia será una herramienta clave para desarrollar uno de los sectores más neurálgicos del país, de cuya eficiencia, cobertura, modernidad y rentabilidad depende que Colombia pueda seguir consolidándose como una de las economías emergentes más potentes del continente.
Debido a que la agenda noticiosa estuvo focalizada en temas como la reelección presidencial o los cotejos futbolísticos, fue bajo el eco a la iniciativa, que recibió el último visto bueno en la plenaria de la Cámara de Representantes. Sin embargo, como se dijo, la importancia de la nueva norma es trascendental pues, de acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Transporte y los congresistas, establece mecanismos claros para solucionar problemas que hoy demoran o traban el desarrollo de obras viales por lapsos de meses e incluso años. Habrá normas y mecanismos de solución rápida de contingencias, acabándose así con los cuellos de botella en la ejecución de los proyectos viales, los mismos que no pocas veces generan líos interminables en los procesos licitatorios, sobrecostos billonarios para los sectores público y privado, un lesivo clima de inseguridad jurídica y graves perjuicios a una economía que requiere de una red vial eficiente y moderna para poder competir y ser rentable.
Una vez entre a regir la ley en mención no se tendrá que esperar largo tiempo o intrincados procesos judiciales para asegurar la entrega y la disponibilidad inmediata de los predios por donde pasarán las calzadas. También quedó claro que prevalecerá la obra de infraestructura sobre los títulos mineros, lo que permitirá avanzar con la construcción de la carretera.
En el campo de las licencias ambientales, uno de los más complicados a la hora de proyectos viales, se establecieron reglas claras sobre el contenido y alcance de los estudios que se deben presentar ante las autoridades del ramo para efectos de obtener los permisos obligatorios. Igual se fijan procedimientos generales para la ubicación y traslado de redes de servicios públicos domiciliarios.
Además de lo anterior, la norma entrega facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear la Unidad de Planeación de Transporte y la Comisión de Regulación de Transporte, entidades que serán adscritas al Ministerio, y que tendrán un papel determinante para que la ley no se quede en el papel.
Como se ve, lo aprobado por el Congreso e impulsado por el Ministerio y el sector privado, es de gran importancia para que la llamada “Locomotora de la infraestructura” aumente su velocidad y el país cuente por fin con una red vial que le permita elevar sus índices de competitividad y regular la estructura de costos en procesos productivos, más ahora que los TLC entran en plena aplicación.