Secuelas de la venta de Isagen
Las contradicciones del liberalismo
Se anuncia en el Congreso una moción de censura contra el Ministro de Hacienda por la venta de Isagen. En ello están comprometidas ciertas voces de la llamada Unidad Nacional, en especial del partido liberal. Lo que, desde luego, está bien para los sectores de la oposición, pero no para quienes supuestamente hacen parte de la coalición gubernamental. Y que, por el contrario, se dicen y autoproclaman baluartes de la misma.
La moción de censura es un recurso constitucional que da la apariencia de un régimen semiparlamentario en el país. Su propósito es darle presunta vitalidad a las bancadas del Congreso y es un instrumento formal para exigir, en caso de resultar mayoritaria, el apartamiento de un ministro de su cargo. Parecería, por lo tanto, una vigorosa herramienta de poder por medio de la cual el Parlamento emite un voto de confianza o de desconfianza sobre determinada política y su vocero gubernamental.
En realidad, más que una característica sustancial que pueda definir el régimen político colombiano, la moción apenas sirve, en la nación, para armar embrollos y hacerse notar. Con ello, ostentar en parte el desencanto burocrático, pelar los dientes en procura de llamar la atención administrativa y buscar posicionamiento estratégico para negociar las cuotas. Por eso nunca ha prosperado allende de las trapisondas clientelares y de granjear lo que llaman “mermelada”. Aun así, aunque la moción se mantenga de saludo a la bandera en los efectos institucionales, suena por supuesto extravagante que sean precisamente presuntos aliados del Gobierno los que más se desgañiten en su oposición de último cuño y la desenfunden como una amenaza irredimible. Se observa, a todo dar, que se trata más bien de situarse lo mejor posible en el anunciado ajuste del gabinete o de salvar la cara frente al eventual castigo en las próximas elecciones parlamentarias. En efecto, si hay algo a que le temen los congresistas es al término “privatizador”.
Prefieren no explicar, en el caso de Isagen, que el Estado mantiene soberanía completa en la regulación y que no habrá alzas en las tarifas de energía por fuera de los canales estatales prestablecidos. Y sobre todo que los recursos se van a invertir, todos, en la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos tras décadas de atraso negligente y detrimento incuestionable en las posibilidades de los colombianos. Lo que, a no dudarlo, tiene una gigantesca tasa de retorno social y una redención de la deuda inconcebible con la infraestructura del país. En ese escenario, por lo demás, ¿se mantendrá Empresas Públicas de Medellín como convidado de piedra y accionista del nuevo Isagen o más bien le dará salida al casi billón y medio de pesos libres para invertir en las apremiantes necesidades de la ciudad?
En el caso del liberalismo, como de los demás miembros o adherentes de la coalición, el país sabe a ciencia cierta que es el Consejo de Ministros el que autoriza la venta de los activos públicos. Como ciertamente ocurrió, no una, sino varias veces en largas discusiones del gabinete y durante años hasta lograr recientemente la oferta más ajustada para Isagen, con base en el principio de legalidad. Es hipócrita, desde luego, mantenerse en el Gobierno, asumir las responsabilidades que exige estar en aquel, y luego lavarse las manos, salir a despotricar y poner cara de “yo no fui”. De modo que, claro, el Presidente es el responsable, pero ni él ni sus ministros de Hacienda y de Minas hubieran podido actuar sin el concurso y la participación completa del gabinete en su multiplicidad partidista.
Siendo así, bienvenidos los debates de la moción como plataforma para explicar los beneficios de una política que el Gobierno ha sido exiguo en dar a conocer. Sabida la incapacidad gubernamental para comunicar tendría, en ello, una nueva oportunidad para desplegar la capacidad política que no ha tenido en el Parlamento, acostumbrado a recostarse simplemente en las mayorías, y jugarse con la sesuda explicación de lo que había prometido una y otra vez. Cuando se votó y ganó la reelección del Presidente Santos, los procedimientos para la venta accionaria de la empresa ya estaban en curso y habían pasado varias veces por el Consejo de Ministros, tal cual inclusive desde que se había propuesto al final del segundo mandato del Presidente Álvaro Uribe. La opinión pública, pues, lo sabía al igual que los organismos de control. Haber detenido el proceso o haber fracasado en éste no sólo habría supuesto una promesa incumplida, sino la inobservancia del voto programático. De modo que no puede haber ningún juicio político al cumplimiento de una propuesta refrendada en las urnas.
Nunca, claro está, podría desconocerse el anterior mandato electoral, del que el liberalismo fue uno de los animadores evidentes. Por el contrario, ese partido debería reconocer que el Presidente Santos cumplió a cabalidad el compromiso. ¿Le quedará muy difícil reconocerlo?