*Ojo a reforma a ley de servicios públicos

*El Gobierno no puede repetir los errores

Prendidas. Así están las alertas ante el anuncio gubernamental en torno a que en la segunda legislatura parlamentaria, que debe comenzar el próximo 20 de julio, se presentará un proyecto de ley para reformar las leyes marco que rigen la prestación de los servicios públicos en Colombia. Se trata de un ajuste normativo que tiene que aplicarse con extrema precaución y ponderación, por su alto impacto.

Visto lo ocurrido con las reformas pensional, de salud y laboral (esta última ya hundida), cuyo trámite por Senado y Cámara ha sido muy traumático, especialmente porque el Gobierno no aceptó una concertación real y efectiva de sus alcances, se entiende que ante la anunciada intención de modificar leyes como la 142 y la 143 de 1994, que son las normas base de la prestación y regulación de los servicios públicos, distintos sectores soliciten que no se incurra en el mismo error político y, sobre todo, técnico.

La prevención no es gratuita, puesto que la administración Petro ya trató de ‘meterle diente’ a este sector por la vía de un polémico decreto de febrero pasado mediante el cual el presidente de la República buscó reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El cuestionado decreto fue demandado de inmediato y el Consejo de Estado aplicó de entrada medidas cautelares, suspendiendo sus efectos mientras tomaba una decisión de fondo, que finalmente profirió la semana pasada. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo tumbó la cuestionada norma, no solo porque la Casa de Nariño cometió graves errores de forma al emitirla, sino porque la Constitución establece claramente que el proceso de fijación de tarifas de servicios públicos es de competencia exclusiva del Congreso y no del Ejecutivo.

Tras ese fallido intento, la Casa de Nariño anunció, entonces, que acudirá a un proyecto de ley. Desde el gremio de las empresas públicas y privadas que prestan estos servicios se urgió ya al Gobierno a que concierte el alcance de la iniciativa, bajo la tesis de que es necesaria una modernización ponderada a un marco legal que está a punto de cumplir tres décadas. Es evidente que hay aspectos operativos, tecnológicos, financieros, ambientales, territoriales, urbanísticos y de desarrollo, así como de mercado y evolución en la oferta y demanda, que requieren ser actualizados y regulados de forma más certera y precisa para aumentar los estándares de cobertura, calidad y eficiencia en el suministro de dichos servicios. Generadores, prestadores, operadores de redes, reguladores y usuarios, todos deben ser tenidos en cuenta.

Ello solo será posible si el Gobierno evita que la reforma termine planteando esquemas anacrónicos, fuertemente ideologizados, dirigidos a atacar la participación privada en la prestación de estos servicios o, peor aún, proponiendo sistemas tarifarios que atenten contra el equilibrio financiero de las empresas o lleven a la creación de un escenario estatista y asistencialista, cargado de subsidios costosos y no focalizados.

Los expertos llaman la atención en torno al riesgo de que el Gobierno busque afectar la autonomía de la CREG y la CRA, modificando para ello la jerarquía funcional entre estas y la Superintendencia sectorial. Si bien es cierto que debe avanzarse en la regulación de los llamados “mínimos vitales” en materia de servicio de agua, gas, energía e internet, se pide evitar un incentivo a la cultura del no pago o afectar el equilibrio económico de las empresas prestadoras, sean públicas o privadas. Tampoco se puede incurrir en una reforma que aumente las cargas laborales de estas compañías, fomente las huelgas o que sobredimensione el rol de los usuarios en sus decisiones y juntas directivas. Igual preocupa que se trate de abrir el espectro de prestadores autorizados, permitiendo estas labores tan especializadas a instancias que no cuenten con la experticia, capital ni capacidad técnica para hacerlo.

Es claro, y en ello coinciden múltiples sectores, que la reforma a la ley de servicios públicos debe enmarcarse dentro de los criterios de desarrollo sostenible, preservación de recursos naturales no renovables y, sobre todo, transición energética. Pero esto debe basarse en medidas objetivas y funcionales, ajenas al discurso político radical. Solo así habrá equilibrio tarifario, mayores estándares de calidad, viabilidad empresarial y un usuario con derechos y deberes exigibles y verificables. Oferta y demanda requieren ajustes viables.

Con un Congreso en donde no tiene mayorías, los partidos están muy prevenidos por su negativa a concertar, así como gremios y sector privado urgiendo que la reforma se base en diagnósticos y horizontes técnicos y modernos, el Gobierno cometería otro craso error si busca modificar el marco legal de la prestación de los servicios públicos bajo un enfoque ideológico caprichoso, unilateral y anacrónico.