* Presidenta y fiscal general denunciadas
* Urge encontrar estabilidad institucional
En un país en donde la mayoría de los presidentes y expresidentes a lo largo de este siglo han terminado presos o destituidos, una vez más hay crisis política e institucional al más alto nivel en Perú. Las protagonistas en esta ocasión son la presidenta Dina Boluarte y la fiscal general Patricia Benavides.
El asunto es bastante complejo. La jefa del ente acusador, clave en la judicialización del destituido y hoy preso exmandatario de izquierda Pedro Castillo, está siendo investigada por, presuntamente, estar al frente de una organización criminal de tráfico de influencias que involucra a congresistas y altos funcionarios.
La sindicación hecha por la Unidad Anticorrupción y que llevó ya a allanamientos y la detención de uno de los principales asesores de Benavides, no solo salpica a parlamentarios sino al proceso de elección del hoy Defensor del Pueblo. De hecho, algunos magistrados han pedido la renuncia de la alta funcionaria, en tanto que la Junta Nacional de Justicia evalúa su permanencia en el cargo. Por el momento ella sostiene que es blanco de una conjura para bloquear su gestión contra las mafias a todo nivel.
Ahora, si el proceso contra la cabeza visible de la Fiscalía es de suma gravedad, más lo es que el lunes pasado Benavides haya denunciado ante el Congreso a Boluarte sindicándola de homicidio agravado, al responsabilizarla de tener conocimiento de las acciones represivas de la Fuerza Pública contra las protestas, igualmente violentas, de finales del año pasado y comienzos de este protagonizadas por partidarios de Castillo, quien terminó siendo destituido en diciembre anterior por el Congreso luego de intentar disolver el Parlamento, gobernar por decreto y convocar una constituyente. Acto seguido fue capturado debido a un entramado de corrupción y tráfico de influencias durante su corto mandato. Hoy sigue tras las rejas.
Boluarte, que asumió en diciembre y cuyo periodo vence en julio de 2026, no dudó en calificar la intempestiva acusación como una especie de cortina de humo que lanzó la fiscal general para desviar el foco mediático del proceso en su contra. De hecho, ayer la mandataria decidió renunciar a la inmunidad presidencial, señalando que está dispuesta a responder ante la justicia y el Congreso todos los interrogantes que le hagan. La titular de la Casa Pizarro ha recalcado que sus órdenes a la Fuerza Pública para contener las protestas al cierre de 2022 y comienzos de 2023 no incluyeron directriz alguna para violar la ley o los derechos humanos.
Esta crisis política e institucional se presenta en momentos en que la situación del país es muy compleja. De un lado, la última encuesta evidencia que la impopularidad de Boluarte está por encima del 80%, en tanto que la economía atraviesa una difícil coyuntura, como lo prueba el hecho de que el Producto Interno Bruto se haya contraído un 1% al cierre del tercer trimestre. A ello se suma que algunas regiones del país están siendo fuertemente afectadas por el fenómeno del Niño, hay un creciente inconformismo social en muchas provincias y la opinión pública permanece fuertemente polarizada.
Así las cosas, habrá que esperar cómo evolucionan ambos procesos. Los analistas políticos señalan que, por el momento, no se ve mucho ambiente para adelantar un juicio político a la mandataria que pueda llevar a su destitución, sobre todo en un Congreso tanto o más impopular que la mandataria. Incluso se trajo a colación que Boluarte ha comparecido ante fiscales en más de tres ocasiones en el último año para dar explicaciones sobre su rol durante las protestas y las órdenes que impartió. De hecho, no deja de causar extrañeza que el viernes pasado la etapa investigativa de este caso había sido ampliada ocho meses, pero tres días después sobrevino la sorpresiva acusación a la mandataria por parte de la fiscal general. Sin embargo, por igual camino de incredulidad comenzaron acusaciones a anteriores mandatarios y estos terminaron saliendo forzosamente del cargo o renunciando.
En cuanto a Benavides, que hasta el momento era considerada como aliada de la coalición del Ejecutivo y el Congreso, su situación es más delicada, no solo porque asoman más allanamientos y capturas en su entorno, sino porque sindicaciones tan graves de corrupción hacen insostenible su permanencia en el cargo.
Como se ve, el nuevo pico de crisis en Perú es grave y, dados los antecedentes, no se sabe en qué pueda terminar a corto y mediano plazos. Es imperativo que prevalezca la institucionalidad y, sobre todo, que el orden constitucional no se lesione en modo alguno.