* La compra de tres millones de hectáreas
* Hay múltiples flancos por estructurar y precaver
El acuerdo firmado por el Gobierno y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) para arrancar el proceso de compra por parte de la Nación de más de tres millones de hectáreas fue calificado por ambas partes como “histórico”.
Es evidente que se trata de un pacto importante, no solo por el volumen de la tierra que se busca adquirir para ser repartida luego entre los campesinos que no tienen acceso a la propiedad rural, sino por las características del proceso: deben ser predios a entregarse bajo un enfoque de integralidad. Es decir, que el programa no se limitará a la simple adjudicación del terreno, sino que irá acompañado de asistencia técnica y financiera para garantizar la rentabilidad social y económica, al tiempo que se construirá toda una infraestructura de transporte, comercialización, asociatividad regional, competitividad, seguridad y desarrollo agroindustrial que permita superar la instancia primaria de la agricultura de supervivencia.
En ese sentido, lo que primero salta a la vista es que se requiere de una gran cantidad de pedagogía fundamental, puesto que de alguna manera el país apenas comienza a enterarse de la dimensión del asunto. De hecho, es un mecanismo complejo y su desarrollo tomará tiempo. Ahora vendrá la etapa de estructuración, que demandará la participación de múltiples entidades y un concurso activo del sector privado y asesoría de entidades especializadas.
Sin embargo, dadas sus dimensiones este proceso ya está generando en la opinión pública una expectativa muy alta, en donde es claro que resulta urgente ir despejando distintas dudas. Hasta el momento está claro que el Ministerio de Agricultura debe empezar a construir todo el andamiaje institucional requerido para la compra de un promedio de 500 mil hectáreas anualmente, lo que significa que el proceso continuará en el próximo gobierno. A medida que se vayan adquiriendo esos predios, se integrarán al Fondo Nacional de Tierras. El pago se hará con bonos de deuda pública u otra forma que determine el Ejecutivo. Asimismo, se establecerán filtros para garantizar que los terrenos adquiridos no tengan problemas de tradición y libertad, estén incursos en procesos de restitución de tierras a desplazados o tengan limitaciones en materia ambiental y de uso del suelo.
Sin embargo, hay otros elementos que deben ser precisados. Ya varios gremios del agro urgieron ser involucrados dentro en este proceso de venta de tierras productivas. Hay que entablar diálogos con los mismos, ya que no solo debe acordarse con el sector ganadero.
Otros expertos han advertido que se requiere una planificación más profunda para saber a qué tipo de cadenas productivas se destinarán esos tres millones de hectáreas y cuál será su impacto dentro de los programas. Esto para corregir errores de anteriores procesos en donde se entregó tierra a campesinos que la destinaron a cultivos de baja rentabilidad, sin ningún valor agregado o difícil comercialización. Ese norte productivo tiene que ser delineado de manera objetiva y ponderada, sin afanes ni improvisaciones, incluso dentro de la plataforma de un Conpes.
También resulta urgente establecer las reglas del juego para la fijación de precios de compra y las variables de extensión que serán adjudicadas a los campesinos. Asimismo, es necesario actualizar el censo agropecuario y la caracterización de la tenencia de la tierra con índole local y regional. Urge también diseñar mecanismos de focalización muy estrictos para evitar ‘colados’ y corrupción en el proceso. En la misma línea es imperativo evitar una ola de especulación en el valor de la tierra en el corto plazo. Aquí serán claves el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el catastro multipropósito.
Igualmente resulta prioritario enviar señales a los productores rurales para que, ante la expectativa creada por este programa, no interrumpan sus ciclos de siembra y cosecha de alimentos en el corto plazo. Una reducción de la producción agropecuaria colombiana sería un peligroso factor inflacionario adicional.
También es crucial definir el costo de este proceso de adquisición de tierras y su impacto fiscal. Se han manejado cifras billonarias muy disímiles. Se habla de hasta $60 billones, que es un poco menos de la séptima parte del total del Presupuesto General para 2023, fijado ya en $405 billones. En medio de una economía local y mundial volátil, con asomo de recesión, es un monto difícil de comprometer.
Por el momento el acuerdo entre Gobierno y ganaderos, con base en el diálogo y la concertación, es por supuesto un tema tener en cuenta. Por lo cual, como se dijo, hay que comenzar con la pedagogía y solventar los interrogantes que aún subsisten.