EL  paquete de medidas anunciado por el Gobierno para hacer frente a los picos delincuenciales en 11 de las principales ciudades del país generó reacciones encontradas. De un lado están quienes consideran como muy positivo focalizar el accionar de las autoridades en el combate a seis tipos de delitos de alto impacto urbano, como microextorsión, microtráfico, minería ilegal, hurto, contrabando y homicidio. Es claro que hoy por hoy la llamada “delincuencia común  o difusa” se ha convertido en la mayor amenaza para la seguridad y convivencia ciudadanas, incluso por encima de las acciones violentas derivadas del conflicto armado. Mientras que en la otra orilla hay voces que advierten que estos “planes de choque” puntuales y temporales han ido, a medida que se multiplican en cortos lapsos de tiempo, perdiendo su efecto, por lo que sería mejor apostar por estrategias de corte permanente. Esto último porque se ha detectado que muchas bandas delincuenciales se esconden o dejan de operar mientras se aplican esos “planes de choque”, pero resurgen cuando éstos se desmontan o cumplen el tiempo determinado para su aplicación.

Más allá de ese debate, lo cierto es que el reforzamiento de la acción policial, militar y de los demás organismos de seguridad siempre es bienvenida, más aún para temporadas de fin de año, en donde la delincuencia siempre tiende a aumentar su actividad. En ese orden de ideas, lo importante es la eficacia de las medidas adicionales de vigilancia e intervención que se pongan en marcha en Bogotá, Medellín, Pereira, Ibagué, Pasto, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva. Igual debe ocurrir con el plan de seguridad vial y en zonas turísticas, y los nuevos controles para proteger la red energética y petrolera. 

Una vez termine este “plan de choque” deben evaluarse sus resultados y determinar cuáles de esas estrategias temporales deben tornarse en políticas de acción permanentes y con la correspondiente estructuración, financiamiento y dotación de personal y equipos.