* Cumplimiento de la regla fiscal

* La deuda externa que evitó la recesión

Cumpliendo con la fecha límite para presentar el presupuesto nacional a consideración de las Cámaras, para su discusión y ajuste, el gobierno radicó el sábado pasado el proyecto de rentas y apropiaciones para la vigencia del 2024. 

Es un presupuesto que supera los 502 billones de pesos y en el que, como ya es de costumbre, la mayor parte del gasto se lo llevan la educación, las pensiones, el funcionamiento y el pago de la deuda. Para inversión quedó una partida ligeramente superior a la del 2023, aunque por debajo de las expectativas iniciales y, seguramente, por debajo de los requerimientos del país.

En todo caso, a pesar de la desaceleración de la economía, el presupuesto del año entrante se financiará con 330 billones de pesos de ingresos corrientes (19,5% superior a la partida del año pasado), 73,3 billones de pesos de crédito externo e interno y los recursos restantes provendrán de excedentes de Ecopetrol, del Banco de la República y de otras rentas de capital.

La nueva financiación se funda en un aumento notable de los recaudos que deberá obtener la DIAN, la cual contará a los efectos con diez mil funcionarios, casi el doble del número actual. El control de la evasión y la vigilancia de los contribuyentes, en particular de los que suelen hacerse los de la vista ‘gorda’ o acuden a mecanismos equivocados, se van a fortalecer en grado extremo, según los anuncios gubernamentales.

El presupuesto para el año entrante se ha calculado sobre bases relativamente prudentes: crecimiento del PIB en una cifra adecuada de punto y medio por ciento, inflación a la baja hasta el 5,7%, el precio del petróleo Brent a 74,5 dólares el barril, leve reducción del déficit en cuenta corriente, del 4 al 3,2% del PIB y, por último, un déficit fiscal que se estima disminuirá del 4,3% del PIB actual al 3,5 el año entrante.

El gobierno ha reiterado su intención de mantener el cumplimiento de la regla fiscal, lo que es plausible. Más discutible es, sin embargo, la requisitoria estos días contra la administración anterior, acusándola de haber manejado irresponsablemente la deuda pública. Cabe recordar que al gobierno Duque le correspondió hacer frente a la pandemia y que, como lo hicieron todos los países del planeta, debió aumentar sus niveles de endeudamiento para financiar programas de gasto contracíclico. No sobra destacar, por supuesto, que esto fue lo que evitó que la economía colombiana se viera sumida en una calamitosa recesión y pudiera lograrse paulatinamente el equilibrio, después del duro impacto de las cuarentenas.

El gran reto de las finanzas públicas hacia adelante ‒como lo ha señalado muy bien el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en su último pronunciamiento‒, es poder compaginar el programa de gasto público con los equilibrios fiscales necesarios para seguir cumpliendo con los lineamientos de dicha normatividad. Por lo tanto, sería muy grave para la credibilidad internacional de Colombia que no se cumpliera con los postulados de los procedimientos fiscales.

En efecto, el Comité Autónomo (CARF) otea en el horizonte dos grandes riesgos que no dilucida el proyecto de presupuesto que se ha presentado para la vigencia del año entrante: el primero es el costo que puedan tener las reformas que se empiezan a discutir en esta legislatura (salud, pensiones, educación, laboral, entre otras). Los costos de estos programas se presumen enormes ‒están sin cuantificar bien‒ y pueden echar por la borda los buenos propósitos de disciplina fiscal que trasluce la ley presupuestal para el 2024.

El segundo riesgo lo constituyen los programas de gasto improvisados y sin respaldo financiero alguno que ha venido anunciando repentinamente el gobierno: pagar a los jóvenes por no recurrir a la violencia, comprar cosechas a los cocaleros para producir fertilizantes o dar compensaciones por no sembrar. En fin, todas aquellas formas de subsidios no respaldados en certezas presupuestales, como ya aconteció con el congelamiento de los peajes (que hubo de revertirse) o el subsidio al SOAT.

Como se sabe, la prudencia en el gasto debe compaginarse imperiosamente con las disponibilidades fiscales del país que, aunque han mejorado, no son ilimitadas. 

El presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda obedece a esa línea que no debe abandonarse.