Acelerar aplicación de ley estatutaria
Ajustes tras salida de dos EPS grandes
El 2016 será un año en el que el panorama del sector salud apunta a tener fuertes cambios. De un lado, se espera que muchos de los aspectos ordenados por la Ley Estatutaria, que entró en vigencia meses atrás luego de un largo tiempo empantanada en el examen de exequibilidad, comiencen a ser más tangibles. No hay que olvidar que esta norma tuvo elementos de aplicación inmediata, como la eliminación de las autorizaciones para las atenciones de urgencias y el control de precios a los medicamentos, y otros que requieren un lapso mayor para su aplicación, sobre todo los ajustes del Plan Obligatorio de Salud o la incorporación de nuevas tecnologías en materia de procedimientos y drogas. Precisamente la semana pasada se anunció una nueva actualización integral del Plan de Beneficios, sobre todo para mejorar la atención de las personas que sufren las llamadas “enfermedades huérfanas”. Igualmente se establecieron beneficios para hijos de personas con VIH, se avanzó en la aclaración de 268 procedimientos médicos y se adoptaron más medidas en materia de medicamentos, entre otros aspectos. Todavía resta más de un año para terminar la respectiva implementación, de allí la importancia que tendrá el 2016 en ese aspecto.
Por otro lado, es claro que el año arranca con la salida del escenario de prestación de dos de las EPS más grandes. De un lado, en noviembre se ordenó la liquidación de Saludcoop, que estaba intervenida desde 2011, por lo que a partir de diciembre sus más de 4,6 millones de usuarios fueron trasladados a la EPS Cafesalud. Será ahora que se pondrá a prueba si esta última tiene la suficiente capacidad y cobertura para asumir los usuarios de la que era considerada la EPS más grande del país, en la que se detectaron graves irregularidades como el desvío de recursos a fines distintos a la salud así como vacíos contables y financieros que afectaron sustancialmente la atención a todos sus afiliados. Tampoco estará en este 2016 Caprecom, la EPS pública más grande del régimen subsidiado, que debió ser liquidada al no quedar salida distinta por la gravedad de su crisis financiera, la corrupción enquistada y el perjuicio consecuente a sus afiliados. A partir del 1 de enero sus más de 2,1 millones de usuarios empezarán a ser atendidos por 21 EPS en todo el país.
Tanto en el caso de Saludcoop como en el de Caprecom, el Gobierno y el sistema han tenido que hacer un esfuerzo presupuestal y logístico sustancial, toda vez que se trata de mover casi siete millones de personas, asegurar que reciban atención médica de calidad y saldar cuentas pendientes de una u otra con la red de clínicas y hospitales, que ya les habían cerrado las puertas por la falta de pagos. Aunque hay activos que liquidar que ayudarán a solventar esas partidas de recursos, esto no será automático.
Paralelo a lo anterior, es claro que la crisis del sector no se supera con la salida del escenario de Saludcoop y Caprecom, pues las deudas del conjunto de las EPS con la red de Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) ascienden a más de cinco billones y medio de pesos. Aunque se ha avanzado en el saneamiento financiero del sistema, aún falta un largo camino por recorrer.
De igual manera, es necesario continuar con la depuración del Sisben para sacar a las decenas de miles de colados que siguen teniendo de manera ilegal subsidios de salud y otras subvenciones estatales. Por igual, es urgente apretar a los alcaldes y gobernadores entrantes para que cancelen sus deudas con la red pública hospitalaria y del régimen subsidiado. No menos prioritario es profundizar en las pesquisas sobre actos de corrupción y desgreño administrativo en las entidades de salud, muchas de ellas foco de politiquería. El servicio de atención médica en las cárceles es otro problema que requiere una solución definitiva en el corto plazo.
Como se ve, el 2016 tiene grandes retos en materia de salud, no sólo desde el punto de vista estructural, sino también por hechos coyunturales como un posible pico de enfermedades tropicales por cuenta del intenso verano derivado del fenómeno climático de El Niño. A todo lo anterior debe sumarse que continúa la controversia entre quienes consideran que urge un nuevo ajuste legislativo al sistema y los que afirman que, por la vía reglamentaria, se puede avanzar de forma más rápida. Sea lo que sea, el año que está por arrancar debería marcar un punto de inflexión para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y la calidad de la atención en salud a los colombianos.