Trascendental foro hoy en Colombia
Repensar el modelo, discusión global
La necesidad de ahondar en un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico ha avanzado en los últimos cinco años de una forma sustancial. Y lo ha hecho por tres razones básicas. En primer lugar, porque tras varias décadas en que la discusión estuvo circunscrita a escenarios académicos, cerrados y muy teóricos, ahora son los propios gobiernos y las instancias nacionales y multilaterales las que plantean que deben abordarse otras alternativas para atacar la drogadicción, entendido esta ya como un problema de salud pública que exige cuantiosos recursos para hacerle frente. En otras palabras, la discusión ya se está dando a escala global e incluso desde niveles de la legitimidad geopolítica de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. En segundo lugar, parece haber un creciente consenso mundial en torno de que el modelo estrictamente represivo para atacar la estructura criminal del narcotráfico ha demostrado ser, no ineficaz, pero sí demasiado lento para reaccionar y atacar una industria ilegal que muta rápidamente y que debido a la alta rentabilidad que produce, se convirtió en una especie de monstruo de mil cabezas, lo que se evidencia en el hecho cierto de que tan pronto como se neutraliza un cartel o un capo, otros tantos surgen casi de inmediato, muchos de ellos más violentos que sus predecesores por estar imbuidos en guerras internas y ajustes de cuentas. Y, por último, porque el avance en distintas países o jurisdicciones regionales o estatales en donde se despenalizó la producción, comercio y consumo de estupefacientes, debilita y dificulta la estrategia de combate transnacional contra el flagelo de las drogas. Se genera así la dicotomía de que mientras algunas naciones sacrifican vidas, esfuerzo institucional y cuantiosos presupuestos en la lucha contra los narcotraficantes, al tiempo que se procesa judicialmente a los campesinos que se dedican a estos cultivos ilícitos, en países vecinos o relativamente cercanos, o incluso con grandes mercados de consumidores de estupefacientes, la producción y venta interna de los mismos se legaliza o se flexibilizan sustancialmente los castigos penales a quienes se involucran en este negocio ilícito.
Colombia, bajo el gobierno del presidente Santos, ha insistido en que debe repensarse la estrategia de combate al narcotráfico, siempre y cuando ese esfuerzo se haga desde instancias globales y oficiales. Y es claro que nuestro país tiene toda la legitimidad para solicitar dicha reflexión internacional porque es, de lejos, la nación que más sacrificio ha demostrado en el combate al narcotráfico y, consecuencialmente, la más efectiva en materia de resultados en desmantelamiento de sus estructuras criminales y los fenómenos delictivos que se alimentan del mismo. Precisamente hace pocas semanas, con ocasión de los 25 años del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, el propio Jefe de Estado aseveró que “el enfoque actual de la guerra contra las drogas fracasó” y señaló que no obstante los grandes esfuerzos “el flagelo no desaparece”. En ese orden de ideas, Colombia ha sido protagonista principal de los debates que se han dado tanto en la ONU como en la OEA acerca de los nuevos horizontes que debe tener la lucha antidrogas. Una reflexión que se hace más urgente en la medida en que no es secreto alguno que el narcotráfico es el motor del conflicto armado interno y prueba de ello es que este tema hace parte de la agenda de negociación con la guerrilla de las Farc, sobre el cual ya se logró un preacuerdo, cuyo texto ya está bajo la lupa de todos los colombianos.
Siguiendo esa misma línea de acción, precisamente se realiza hoy en Bogotá el que el Ministerio de Justicia califica como el más importante encuentro entre 22 naciones del hemisferio occidental para estudiar experiencias de tratamiento, distintas a la privación de la libertad, para los delitos relacionados con drogas. Este “Diálogo de Alto Nivel - Grupo de Trabajo Sobre Alternativas al Encarcelamiento”, organizado por el Ministerio, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), permitirá a viceministros de Justicia, fiscales, magistrados y altos funcionarios de las Américas, socializar las distintas respuestas del sistema de justicia ante el problema de las drogas desde un enfoque de salud pública y derechos humanos.
Bienvenidos, pues, estos escenarios de análisis y reflexión sobre cómo atacar el narcotráfico. Llegó la hora de ahondar sobre esos nuevos enfoques y sopesar ventajas y desventajas, siempre con la claridad de que en el entretanto no se bajará la guardia en el combate a estas mafias, tal como siempre lo ha hecho valiente y decididamente Colombia.