*¿Una sociedad pasiva e indolente?
*Víctimas y estatus, una lectura errada
*No dejan de llamar a la reflexión los debates que se han generado alrededor de la masacre de cuatro menores de edad la semana pasada en Caquetá. Si bien el hecho atroz dio lugar a la indignación y condena unánime de todo el país, así como a la exigencia a las autoridades para que se haga justicia y se castigue a los responsables con la máxima drasticidad que permite nuestro ordenamiento penal, también se han producido discusiones más profundas y derivadas.
Una de esas controversias se refiere a cuál debió haber sido la reacción de la sociedad entera frente a semejante crimen. Hay quienes sostienen que más allá de los actos de condena y pedidos de justicia, no pasó nada más, cuando lo lógico era que se hubieran producido de manera espontánea y automática marchas y otros actos simbólicos en todo el país para protestar por semejante acto de barbarie e inhumanidad ¿Por qué no ocurrió algo así? Las respuestas de distintos sectores son variadas. Unos dicen que lamentablemente ha sido tanta la violencia sufrida en Colombia que la opinión pública se tornó indolente, como si estuviera anestesiada y, por ende, se volvió pasiva ante la sucesión de crímenes. Otros analistas advierten que, en realidad, en este país se convocan tantas marchas y por motivos tan variopintos, que ya las personas no les ven utilidad, ni siquiera como eje de presión al Estado o el gobierno de turno. Es más, dicen que termina teniendo más efecto el ofrecimiento de millonarias recompensas por información sobre los criminales. No faltan tampoco los que sostienen que ahora esas multitudinarias movilizaciones no se hacen en las calles, sino que se manifiestan en los millares y millares de reacciones en las redes sociales. En otras palabras, una especie de protesta virtual pero masiva…
Una segunda polémica que llama a la reflexión se da alrededor del papel de la justicia y una percepción errada sobre el estatus de las víctimas. Por ejemplo, durante el sepelio de los menores el fin de semana y la marcha que se convocó ayer sobre el mismo caso en la capital caqueteña, una de las quejas más reiteradas de los pobladores se refería a que no se percibían mayores avances en la investigación y que ello podría estar relacionado con que las víctimas eran de una humilde familia campesina. Es más, no fueron pocas las alusiones a que casos como el asesinato de un agente de la DEA en Bogotá en medio de un atraco fue resuelto casi de inmediato por las autoridades, en gran parte por el estatus de la víctima. Obviamente se trata de circunstancias distintas, ya que en el atraco al funcionario estadounidense había videos y otra cantidad de pruebas testimoniales y técnicas que permitieron dar rápidamente con los asesinos y sus cómplices. En el asesinato de los niños en zona rural de Florencia no existe tal acervo probatorio, lo que no es una excusa pero sí una realidad sobre la dificultad de las pesquisas. Sin embargo, los críticos replican de inmediato que el padre de los niños había denunciado ante la Fiscalía en diciembre las amenazas e intimidaciones de que era víctima por un pleito de tierras, pero que las autoridades no se movieron rápidamente, algo que podría haber evitado el posterior desenlace fatal.
Y algo similar pasó en el Valle en las últimas semanas, ya que no pocas personas de Tuluá y municipios vecinos se quejaban de que pese a llevar mucho tiempo extorsionando a diestra y siniestra, la persecución a alias “El porrón” sólo se aceleró a partir de la denuncia de un reconocido exfutbolista. Bajo la óptica de todo el país por el eco mediático del caso, las autoridades lanzaron una operación que en cuestión de pocas semanas no sólo permitió el desmantelamiento de la organización delictiva, sino la captura de todos sus cabecillas, incluido el máximo jefe días atrás.
Es evidente que detrás de cada una de esas polémicas hay unas causas sociológicas muy profundas, en donde no necesariamente la percepción pública está fundada en hechos ciertos y probados. Es claro, también, que el papel de la justicia está bajo la lupa ciudadana, generando más críticas que consensos. Sin embargo, que esas lecturas erradas se generalicen o tengan cada día más eco, es una situación que debe alertar al Estado y a su aparato institucional. Un análisis que no es fácil pues requiere tiempo, perspectiva y, sobre todo, una alta capacidad de autocrítica.