*Dos décadas de promesas incumplidas
*Los cuatro grandes retos de la Comisión
¿AHORA sí? Esa es la pregunta que surge al arrancar ayer un nuevo esfuerzo para sentar las bases de la tantas veces anunciada pero nunca concretada reforma tributaria estructural. Todos los gobiernos de las dos últimas décadas, plantearon en su momento la necesidad de un ajuste integral al Estatuto Tributario y fueron varias las comisiones de expertos, tanto del sector público como del privado, incluso con apoyo de misiones de entes multilaterales, que se instalaron con ese propósito, sin que, a la hora de la verdad, sus conclusiones y propuestas se hubieran aterrizado de manera significativa en alguna de las tantas leyes de reforma a la estructura impositiva tramitadas en los últimos 20 años. Es más, prácticamente se convirtió en una especie de ‘rito’ político y legislativo que tras la aprobación de esas modificaciones tributarias, cuyo alcance siempre fue corto y marcado por las urgencias fiscales, el gobierno de turno, así como los titulares de Hacienda y de la DIAN, anunciaran que, ahora sí, se empezarían a estudiar las bases de una reforma tributaria estructural que simplificara el andamiaje de los impuestos, modernizara su cálculo y cobro, erradicara los males endémicos de evasión y elusión, al tiempo que evitara los choques funcionales entre los tributos de orden nacional, regional y local… Al final de cuentas, como se anotó, ninguno de esos esfuerzos tuvo un desarrollo normativo concreto. Apenas si se aplicaron parcialmente varias de sus recomendaciones y en no pocas ocasiones las coyunturas y conveniencias políticas, electorales y sociales se convirtieron en obstáculos insalvables para, como se dice popularmente entre los expertos, poder reescribir de la A a la Z el Estatuto Tributario.
En ese orden de ideas, pasar de las sugerencias a la aplicación de los ajustes, termina siendo el principal reto de la llamada “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria”, que fue designada por el Gobierno y cuyos nueve miembros, todos de las más altas calidades y trayectorias, tuvieron ayer su primera reunión. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la Comisión tendrá a su cargo el estudio del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; el régimen de las entidades sin ánimo de lucro; los beneficios tributarios existentes y las razones que los justifican; el régimen de impuestos sobre las ventas y el régimen aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial, entre otros asuntos. Con base en esa evaluación, se deben proyectar, en un plazo menor a un año, recomendaciones a la DIAN y al Congreso que permitan afinar toda la estructura impositiva, combatir efectivamente la evasión y elusión fiscales, así como establecer un sistema de impuestos simplificado, progresivo, equitativo y eficiente. Como se ve, en el papel, se trata de un esfuerzo de gran calibre que, por lo mismo, no puede ni debe quedar de nuevo en el aire.
Un segundo reto de este nuevo intento de modernización tributaria será, sin duda, tener la suficiente perspectiva sobre el alcance de sus recomendaciones, de forma tal que se acompasen las medidas de efecto típicamente coyuntural que se obligan por la urgencia fiscal derivada de la descolgada petrolera, y aquellas reformas estructurales con efecto en el mediano y largo plazos, que equilibren la potabilidad de las finanzas estatales y el buen ritmo del sector real de la economía.
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que Colombia está inmersa en un proceso de paz que, si llega a buen término en poco tiempo, desembocará en una escenario de posconflicto que exigirá cuantiosas inversiones para cumplir los eventuales acuerdos, la reparación de las víctimas y la recuperación de las zonas y sectores afectados por el conflicto armado ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Habrá necesidad de una especie de “impuesto para la paz”? Esas son preguntas que es necesario plantear con realismo y objetividad.
Y, por último pero no menos importante, hay dos elementos que deben analizarse con detenimiento. De un lado, que la jurisprudencia constitucional sobre la progresividad tributaria ha sido cada vez más exigente y los conceptos de los expertos y técnicos deben atenerse a ella. Y, de otro, que 2016 debe ser el año para tramitar la reforma estructural en cuestión, pues ya después empezará la antesala electoral y es sabido que en este tipo de épocas el tema de impuestos no tiene mayor ambiente político ni legislativo.
Como se ve, en materia de reforma tributaria estructural si bien es importante arrancar, lo verdaderamente clave es terminar pasando a los hechos.