“Resolver y cumplir” | El Nuevo Siglo
Lunes, 9 de Febrero de 2015

El norte del Gobierno en las regiones

Se superó la ‘micro-gerencia’ presidencial

 

La estrategia del Gobierno nacional para tomarle el pulso a lo que está pasando en las regiones es, sin lugar a dudas, un paso muy importante en el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas, obras y programas clave en cada zona del país. Es evidente que el volumen de la inversión regional en el último cuatrienio ha sido sustancial, al punto de sobrepasar los 200 billones de pesos. Y también es claro que cada vez se apuesta más por proyectos de amplio espectro que superan el área de impacto municipal y departamental, lo que exige, por tanto, que la coordinación entre entidades del orden nacional con alcaldes y gobernadores tenga que ser permanente y, sobre todo, fluida. Ya no se trata de un simple ejercicio de ver a un Jefe de Estado yendo a las regiones a enterarse de problemas menores ni buscando y ordenando salidas a problemáticas locales y puntuales que les corresponden a los respectivos mandatarios seccionales. Está visto que la llamada “micro-gerencia” presidencial, tan de moda en la primera década de esta centuria, si bien impacta a la opinión pública y tiene eco mediático, al final de cuentas lo único que hace es distraer al Gobierno nacional, desgastándolo en la resolución de asuntos menores, que a lo sumo deben ser de la esfera ministerial si es que llega a ser necesaria la intervención de una instancia del orden central. El efectismo micro-gubernamental no sólo debilita, desplaza y desinstitucionaliza las escalas de poder municipal y departamental, sino que además rinde frutos de bajo alcance, cuando de lo que se trata es, precisamente, de que la intervención del Ejecutivo nacional en las regiones debe ser para apuestas en grande, estructurales, proyectos de amplio calado en materia de inversión social, desarrollo de infraestructura, eficiencia y cobertura de redes de servicios públicos, superación de cuellos de botella económicos, mejoramiento de los estándares de calidad de vida, educación, atención sanitaria, desarrollo productivo sostenible ambientalmente…  

En ese orden de ideas, la estrategia del actual Gobierno que ha sido bautizada como “El Presidente en las regiones”, que ya suma dos jornadas, la primera en la zona del Pacífico y la segunda en la del Centro-oriente, está bien encaminada, no sólo porque representa una instancia superior y evolutiva de los ejercicios de los “Consejos de Prosperidad Social”, que marcaron el primer mandato de Juan Manuel Santos y de los cuales se realizaron casi 120 en todo el país, sino porque se dan en medio de una coyuntura muy particular, que es marcada por tres elementos determinantes. En primer lugar que a los actuales alcaldes y gobernadores les restan un poco menos de once meses de mandato, pero su margen de acción y ejecución se verá limitado por la Ley de Garantías Electorales en más de la tercera parte de ese lapso. En segundo lugar, que en muchos departamentos y municipios hay una gran cantidad de obras y proyectos en ejecución por virtud del nuevo sistema de distribución de regalías y de inversión directa nacional en obras de infraestructura, lo que aumenta la necesidad de evaluar su nivel de cumplimiento y viabilizar la solución a las trabas que enfrenten. Y, por último, que ya en muchas regiones se está generando una nueva plataforma gubernamental sobre la base de ir enfocando programas y obras hacia la llamada etapa de posconflicto. A ello debe sumarse que si bien el Plan Nacional de Desarrollo fue construido tras un proceso de consenso municipal y departamental, las gentes de las regiones quieren saber cómo quedaron en esa bitácora de inversiones y metas cuatrienales.

De esta forma el desplazamiento ordenado de más de 40 altos funcionarios, encabezados por ministros, gerentes y directores de institutos descentralizados del orden nacional y otras entidades, las cúpulas de la Fuerza Pública, así como del propio Jefe de Estado, para pasar revista a esas agendas regionales tiene como objetivo, no el de prometer y diagnosticar, sino el de “resolver y cumplir”, como lo precisó el Ejecutivo. El programa de las viviendas gratis, los incentivos a la educación, las nuevas políticas de apoyo al agro, el ambicioso plan de infraestructura, las estrategias para superar la pobreza o mejorar la calidad de vida, entre otros temas de amplio impacto, hacen parte del temario de estos consejos de gobierno. En cada política o meta hay ajustes pendientes que si son ordenados por las más altas instancias, en coordinación con alcaldes y gobernadores, no sólo se aplican de forma más eficiente y rápida, sino, sobre todo, bajo el concepto de las políticas del buen gobierno en que tanto enfatiza el actual Jefe de Estado.