• Directrices del Banco de la República
• ¿Cuáles serán los rangos de incremento?

Sorprendió que una entidad tan cuidadosa en sus anuncios y proyecciones como Fedesarrollo, dijera en la convención bancaria que el salario mínimo del 2023 debería fijarse por encima del 20%.

El asunto es delicado y debemos empezar a considerarlo con sumo cuidado, pues estamos a escasos tres meses para que empiece a sesionar y debatir la comisión tripartita en donde cada año se ventila el incremento en la remuneración básica.

Impactó la citada opinión pues el solo pronóstico de una entidad con tanta credibilidad levanta altas expectativas inflacionarias para el 2023. Y lo peor que le podría suceder a la economía colombiana es que se afiance la percepción de que los precios, en vez de ir a la baja, tomarán la senda ascendente. Al fin y al cabo, la inflación tiene tanto de expectativas como de indicadores de la economía real.

Todas las esperanzas del Banco de la República están fundadas en que la inflación debe bajar en el segundo semestre del año en curso. Es, al fin y al cabo, este lapso en el cual se dan las cosechas grandes de la producción agrícola y el tiempo en el que se deben comenzar a recoger los frutos de las fuertes alzas del tipo de interés que ha decretado la junta del Emisor últimamente.

Si esas esperanzas se malogran sería un verdadero descalabro para la política económica y quizás -ojalá no lo sea así- el comienzo de una terrible espiral de precios con consecuencias insospechadas.

La vieja jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual para la fijación del salario mínimo debe tomarse en cuenta la inflación causada en el año inmediatamente anterior, adquiere especial relevancia en esta ocasión.

A pesar de haber estado durante 23 años en los territorios de inflaciones de un solo dígito (desde 1999), en julio pasado volvimos a un índice de precios de dos dígitos con unas pocas décimas por encima: 10,21%.

Sin embargo, es de esperar que al finalizar el 2022 no deberíamos estar muy por encima del índice de variación de precios que hoy registramos en términos anualizados, es decir del 10%.

Si nos atenemos a la jurisprudencia constitucional ese porcentaje debería la base de los análisis de la comisión tripartita en el próximo diciembre cuando empresarios, sindicatos y Gobierno se reúnan a discutir el reajuste del sueldo básico para el año entrante. Por lo pronto hay que esperar a que se dé la convocatoria de la mesa y arranque la discusión puntual.

No hay nada que distorsione más una economía que un nivel alto de inflación. Las decisiones de inversión, la escala salarial, el empleo, la distribución del ingreso, el ahorro y movimientos empresariales de todo orden pueden tomar un ritmo errático si se exacerban las percepciones sobre el Índice de Precios al Consumidor venidero.

Tanto más en un momento en que estamos ad portas de iniciar una política de ajustes graduales en los costos de la gasolina y el diésel, como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda por el alto déficit que acumula el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, así como por la discusión de una dura reforma tributaria que empezaría a aplicarse a partir del 2023.

Si en algún momento hay que ser cuidadosos con los mensajes que puedan orientar por el mal camino las expectativas inflacionarias es, precisamente, el actual, cuando la estabilidad económica del país se juega en la gran apuesta de enfriar la fiebre de altos precios de bienes, productos y servicios que estamos viviendo.