* Una opinión pública casi ‘anestesiada’

 

 

En un país con una agenda noticiosa tan agitada como Colombia, es claro que en muchas ocasiones la opinión pública pareciera desarrollar una especie de coraza para no dejarse impactar de forma muy significativa por todo ese maremagno de sucesos que en no pocas ocasiones tiene que ver con hechos de corrupción, escándalos de toda índole, tragedias naturales, rachas de muertos y heridos por conflicto armado, actos de barbarie y violencia intrafamiliar… Es más, se han conocido informes que señalan que la salud mental de muchos compatriotas se ve afectada en mayor o menor grado por una realidad muchas veces tan caótica e incierta que, como si fuera una especie de mecanismo de defensa, inconscientemente las personas empiezan a adormecer su capacidad de asombro, de forma tal que por más grave o impactante que pueda ser la agenda nacional, sólo reaccionan o se movilizan cuando la situación los afecta directa e inmediatamente.

A mediados de semana este diario publicó un informe titulado “Las cifras que asustan”, en el que se recopiló una serie de noticias producidas durante los últimos meses en donde se hablaba de multimillonarias sumas en riesgo por distintas circunstancias. Y no se trata de dineros del sector privado sino de recursos oficiales, una razón de más como para que cuando esas informaciones se pusieron sobre la agenda diaria hubieran producido algún tipo de estupefacción y tremor en la opinión pública.

A manera de rápido inventario se trajo a colación  la advertencia presidencial días atrás en torno de que las divergencias judiciales a la hora de dilucidar los pleitos pensionales bien le podrían costar al país 57 billones de pesos en dos décadas. Igual se recordó que hace dos semanas el Procurador General indicó que la corrupción les cuesta anualmente a los colombianos 12 billones. También se hizo referencia al reciente cálculo de las autoridades respecto de que en Colombia el lavado de activos bien puede llegar a 16 billones de pesos anuales. Y qué decir del informe sobre que las demandas a la Nación suman 848 billones, o que la reparación a víctimas de la violencia podría superar los 30 billones, o que son 31 billones los que le deben los morosos al Estado. Se pueden sumar a este listado otros datos que rayan casi en lo estrafalario como el que la evasión tributaria podría acercarse a los 20 billones, o que el desfalco al sistema de salud también podría superar los tres a cuatro billones… 

Sin embargo, llama poderosamente la atención el poco o nulo efecto de mediano o largo plazo que la revelación en su momento de cada una de las cifras multimillonarias produjo en la opinión pública y muchos sectores políticos, sociales, económicos e institucionales. Unos titulares de prensa coyunturales y algunos ecos en los días siguientes y poco a poco la cuestión iba quedando en el olvido pese a que se estaba hablando en todos esos casos de recursos públicos, los mismos que corrían riesgo de perderse en manos de corruptos e inescrupulosos, y los que seguramente tendrán que ser cubiertos con los dineros que todos los ciudadanos pagan por concepto de impuestos y otras obligaciones con las instituciones oficiales.

Dirán algunos analistas que la pasividad en las reacciones de todos los estamentos nacionales se podría explicar porque es tal la racha de escándalos, corrupción y desgreño con lo público, que ya nada sorprende a la ciudadanía. También podría alegarse que muchas personas consideran que de nada sirve protestar ni indignarse porque, al final, la justicia y los entes de control son paquidérmicos en su accionar y la impunidad termina imperando en la mayoría de ocasiones por más que la ciudadanía alce su voz. 

Sea cual sea la razón que lleve a la pérdida de la capacidad de asombro y reacción en Colombia ante hechos de extrema gravedad, lo cierto es que se trata de un peligroso síntoma de resignación y casi de complicidad pasiva ante algo que es responsabilidad y pertenencia de todos: el erario.