EL problema de la eternización de la violencia en Colombia, la debilidad crónica de las instituciones, así como el efecto del desorden que traslada el conflicto a los países vecinos, determina que aumenten cada día las presiones internacionales sobre el país. Al respecto se dan dos bandos: los que están a favor del orden y una sociedad donde se garantice la convivencia, así como los que intervienen con sus opiniones y consejos para decirnos lo que debemos hacer, en no pocos casos con la intención de favorecer a los alzados en armas. Es así como abogados y organizaciones de derechos humanos de reconocida tendencia de izquierda dejan pasar por alto los crímenes de las Farc contra la población civil, en tanto condenan a los militares incluso cuando ejercen el elemental derecho a la defensa de la vida.
Lo mismo se repite con el tema del fuero militar. Cualquier persona imparcial y bien informada que conozca las consecuencias de la horrible guerra que se libra en el país conoce la penosa situación que sufren las Fuerzas Armadas, a las cuales el Gobierno y la sociedad les exige resultados, en tanto cuando se defienden o tienen un cruce de disparos con los agentes del crimen organizado, no faltan los que los acusan de atacar a campesinos indefensos. Al carecer del fuero militar, la justicia civil procede de inmediato a detenerlos, incluso sin pruebas suficientes, por la sencilla razón de portar un uniforme. La falta de garantías de los soldados que se juegan la vida por restablecer el orden y servir a la sociedad, llega al colmo que más de 11 mil militares, no pocos de ellos inocentes, languidecen en prisión y sus familias están desprotegidas y frustradas, puesto que tiemblan bajo el temor de ir a la ruina al gastar los pocos ahorros que tienen para defender al padre o al hermano que un día decidió portar un uniforme.
Caso distinto es el de los soldados que se han desviado de su misión y que han caído en lo que se llama ‘falsos positivos’, así como han cometido delitos de lesa humanidad. Sobre ellos debe caer todo el peso de la ley, lo que no significa que elementos que desconocen los métodos de guerra, por su condición de civiles, entren a calificar los delitos de guerra.
Lo mismo que no se puede enajenar la soberanía nacional por cuenta de los elementos foráneos que intervienen y opinan sobre asuntos que corresponden a la política interior del Gobierno y el ejercicio de la soberanía nacional. Ellos no buscan que se respeten los derechos humanos, lo que buscan es inmovilizar el sistema.
Una cosa es estar en conversaciones de paz y otra que se descuide la lucha contra los subversivos. El país no puede caer en la trampa de avanzar en esas conversaciones y dejarse presionar por agrupaciones internacionales que buscan paralizar la acción de los militares en Colombia. La idea de no caer en el juego de un alto el fuego, que en el pasado ha sido fatal para las fuerzas del Gobierno, debe respaldarse. En ocasiones los extranjeros, incluso diplomáticos, que nos dan lecciones de derechos humanos e intervienen en nuestros asuntos pertenecen a naciones que no se distinguen precisamente por respetarlos.
Si existe un país que ha consagrado en su Constitución, leyes, instituciones, incluso en el Ejército, el respeto por los derechos humanos es Colombia. Los derechos humanos son materia de estudio en los cuarteles. La Policía se destaca por el respeto como trata hasta los peores delincuentes, por ser portadores de esos derechos.
En Hispanoamérica las Fuerzas Armadas de Colombia son modelo de respeto a la democracia. Somos el país con menos golpes de Estado y contamos con un Gobierno cuya legitimidad y apoyo popular es modelo en la región. Lo que debe quedar claro es que lo menos que les puede ofrecer la sociedad a unos héroes que se juegan la vida por defenderla es la plena vigencia del fuero militar, que por desgracia, debido a un acuerdo inconstitucional de un ministro de Defensa y un Fiscal General, terminó gravemente restringido. Un acuerdo que se demandó y cuando la magistratura favoreció la plena vigencia del fuero militar, la decisión fue inaplicable por encontrarse en otras instancias sub judice ese polémico convenio interadministrativo.
Que el Congreso, soberano como es, dé vía libre al proyecto de reforma constitucional que restablece el fuero militar y al que sólo le falta un debate en la plenaria del Senado. Nada menos le debe el país a quienes todos los días arriesgan sus vidas por protegernos de los violentos.