* Más de 400 kilómetros de senderos sin control

* Plan de choque para combatir la delincuencia

Los recientes y tenebrosos asaltos al actor Juan Pablo Raba y al empresario Carlos Ríos, en los cerros orientales de Bogotá, volvieron a encender las alarmas acerca de la creciente degradación que sufre uno de los principales patrimonios ecológicos y turísticos de la capital del país.

El abandono del gobierno distrital y la deficiencia de las autoridades para controlar este territorio han convertido los cerros en sede de todo tipo de actividades de bandas locales y extranjeras de delincuencia común y organizada, un fenómeno asombrosa y peligrosamente igual al que se registra en algunos de los lugares más apartados del país que concentran los mayores índices de narcotráfico y otros crímenes de alto impacto.

A las tradicionales amenazas para esta cadena montañosa -ocupación ilegal del suelo, construcción no autorizada de viviendas, actividades de minería y canteras, extracción ilícita de recursos así como deforestación para actividades de agricultura, ganadería y silvicultura- se une en los últimos años la instalación y desarrollo de corredores estratégicos al servicio de facciones criminales de alta y baja complejidad.

El quid del asunto está en que la pasividad de los gobiernos nacionales y distritales frente a ese fenómeno durante varias décadas, llevó a que hoy los cerros orientales tengan más de 400 kilómetros de senderos que son utilizados para todo tipo de actividades -legales e ilegales- sin ningún control o regulación.

Esta es la dramática realidad que vuelve a aflorar con los incidentes de esta semana. El creciente uso de estos espacios de alto valor ecológico por parte individuos y grupos ilegales se facilita por la ausencia de un mayor compromiso, presencia y acciones efectivas de los gobiernos para asumir y lograr el control de estas zonas, garantizar su recuperación y convertirlas en fuente de actividades turísticas, productivas y de desarrollo sostenibles, rentables y ordenadas.   

En su segunda administración el exalcalde Enrique Peñalosa concibió y puso en marcha “El sendero de las mariposas”, un ambicioso proyecto que buscaba poner fin al acceso irregular y al deterioro de los cerros orientales así como facilitar el control y la atención inmediata de los incendios forestales que con frecuencia surgen allí. Se extendía desde la calle 138 sur hasta Torca, recorriendo de sur a norte la cadena montañosa. La idea era unir 86 kilómetros de senderos ya existentes con 16 kilómetros nuevos, llegando a un total de 102 kilómetros. Su propósito era aportar espacio público y natural a la ciudad, con un atractivo que permitiera acercar a la gente a los cerros a través de 19 unidades diferentes de paisaje, con circuitos de acceso y salida, construidos con las mismas especificaciones de armonía y respeto por el ambiente que tienen otros grandes parques de este tipo en varios países.

Desde el inicio esa iniciativa quedó inmersa en las agudas polémicas políticas de izquierda y derecha que han caracterizado la vida de la ciudad en los últimos años. También suscitó rechazo de importantes ambientalistas que advirtieron que era una reserva forestal de interés ecológico nacional y, por lo tanto, resultaba inconveniente invadirla con obras y presencia masiva de gente. 

El proyecto -ya financiado y con 100 de los 200 predios que requería ya adquiridos- estaba pendiente de la licencia ambiental de la ANLA, pero en el 2020 la alcaldesa Claudia López decidió suspenderlo para utilizar los 224 mil millones de pesos de su presupuesto, en la atención a la pandemia de covid-19.

Lo cierto es que, además de aportar a Bogotá y al país un espectacular observatorio de naturaleza, “El sendero de las mariposas” permitía regular el tránsito humano en los cerros orientales. De hecho, el flujo constante de visitantes y vigilancia de las autoridades hacia la zona se erigía, per se, como potente disuasivo en cuanto a la presencia y operación de grupos criminales. 

Frustrado el proyecto, la suerte de los cerros orientales quedó otra vez a la deriva. La decisión de fondo, que corresponde ahora a la administración entrante de Carlos Fernando Galán, consiste en dar un uso racional, inteligente y estratégico a los cerros, retomando el control de sus territorios. No puede continuar la pasividad de las autoridades como tampoco la proliferación de senderos ilegales. Es imperativo que los 400 kilómetros de caminos en esta cadena montañosa dejen de ser un ‘santuario’ para las bandas de delincuencia común y organizada que siembran el terror en Bogotá, cada vez con mayor frecuencia.