* Corte definirá sobre Código Electoral

* Falta reingeniería al sistema político

Si bien es cierto que la democracia colombiana dio una muestra de vigencia el pasado domingo, no se puede ocultar que tras los comicios parlamentarios y la votación de las consultas presidenciales interpartidistas quedó en evidencia que muchos vicios proselitistas y delitos electorales siguen presentándose.

La propia Fiscalía informó de la captura de más de dos decenas de personas sindicadas de corrupción al sufragante, falsedad personal, perturbación al certamen democrático y voto fraudulento. Santander, Cauca, Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Tolima, Boyacá, Cesar, La Guajira y Quindío fueron los departamentos con mayor número de detenciones, incluyendo las de dos concejales.

A su turno, la Misión de Observación Electoral dio cuenta de anomalías relacionadas con afectaciones al derecho al voto, problemas en la inscripción de cédulas y censo electoral, la caída de la página web de la Registraduría y la aplicación Infovotantes, confusión en el manejo de los tarjetones, alteraciones al orden público y otras irregularidades. Las demás misiones internacionales también dieron cuenta de muchas de estas afectaciones.

En las redes sociales, sin que haya certeza sobre la veracidad de lo denunciado, hubo un alud de alertas sobre publicidad electoral cerca a los puestos de votación, presuntas acciones de compra y venta de sufragios, constreñimiento al sufragante, suplantación de electores así como posibles irregularidades de jurados de votación o escrutinios.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que Colombia urge una reforma política y electoral a fondo. De hecho, cuando en diciembre de 2020 el Congreso aprobó un ajuste, en la parte reglamentaria, al Código Electoral consideramos ese hecho como un primer paso en la dirección correcta, que sería clave de cara a los comicios parlamentarios y presidenciales de 2022.

Sin embargo, quince meses después la reforma no ha entrado en vigencia, ya que la Corte Constitucional no ha expedido el respectivo fallo de exequibilidad, necesario por tratarse de una norma de carácter estatutario, ya que regla sobre derechos fundamentales, en este caso puntual con el de elegir y ser elegido. Aunque a finales del año pasado el Gobierno y la organización electoral solicitaron al alto tribunal dar trámite preferencial a esta revisión de constitucionalidad bajo la tesis de que era un asunto de urgencia y seguridad nacional, los magistrados no lo consideraron así y decidieron continuar con el curso normal.

Ahora, según lo indicó este Diario, para hoy está en el orden del día de la sala plena de la Corte la definición sobre la ponencia que fue rendida desde hace varios meses sobre la exequibilidad de la reforma al Código. Ojalá los magistrados aceleren el estudio de la forma y fondo de esta norma cuyo principal objetivo es modernizar un ordenamiento legal que lleve 34 años sin ser ajustado a fondo, salvo por reformas a cuentagotas.

Si bien es cierto que artículos vitales como la paridad de género en las listas a corporaciones de elección popular ya no se pudieron implementar en el caso de los comicios congresionales, hay otras normas que sí podrán funcionar de cara a la primera y segunda vuelta presidenciales, especialmente lo relativo a mayores garantías para todos los actores del proceso, mejor funcionalidad de las herramientas tecnológicas, ampliación del horario de votación en una hora, propiedad estatal del software de escrutinio general y más capacidad de auditoría nacional e internacional en tiempo real a todas las etapas del proceso electoral. Todo ello unido a temas clave como la depuración del censo electoral, la unificación del régimen de inhabilidades para los cargos de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, e incluso la supresión de la filiación política en la selección de los jurados de votación, entre otros aspectos.

Si la Corte llega a darle luz verde al Código, tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral deberán maniobrar con diligencia para lograr que la reforma pueda aplicarse para los comicios de mayo y junio. Hay que tener en cuenta que se trata de un ajuste típicamente procedimental, y no incluye las reformas a fondo del sistema político y electoral (tamaño del Congreso, circunscripción nacional del Senado, voto preferente, jurisdicción electoral, estatutos partidistas, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, control a los avales, voto programático…). Todo ello debe ser una tarea prioritaria de los próximos Gobierno y Congreso.

Por el momento, es claro que el país no puede seguir siendo regido por un Código Electoral con 34 años de antigüedad, calificado por los expertos como desueto y arcaico. Al tenor de lo denunciado por la Fiscalía y las misiones de observación electoral es claro que urge una reingeniería normativa para acabar con la gran cantidad de vicios, corrupción y delitos contra el sufragante. El fallo de la Corte es un primer paso y lo importante es que, finalmente, se dé.